Ocho choferes que trasladaban personas en la Ciudad con el sistema de la empresa UBER fueron identificados en sus domicilios y en la vía pública y la Justicia analiza pedir penas de arresto efectivo de hasta diez días por excederse en el límite permitido para su licencia de conducir ya que efectuaban transporte de personas para lo cual se necesita tener un registro profesional.
El procedimiento, ordenado por la jueza Claudia Alvaro por una investigación que lleva adelante el fiscal contravencional porteño Martín Lapadú, abarcó 13 allanamientos a oficinas, una de ellas en Maipú al 500, donde la Justicia asegura que UBER SRL tiene su sede.

Lapadú explicó que además se les puede imponer "una inhabilitación de hasta dos años para volver a conducir un vehículo" y detalló que en los procedimientos "no hubo detenidos, las personas notificadas e identificadas comenzarán a ser citadas a partir de la semana próxima".

Lapadú explicó que además de ubicar y notificar a los choferes, siete en sus domicilios particulares y una en la vía pública, se logró identificar a cinco personas que cumplen funciones directivas
en UBER".

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"A estos cinco directivos se le puede aplicar el artículo 73 del Código Contravencional que pena con hasta 20 días de arresto a los que violen clausuras dispuestas por la justicia, ya que de hecho, tanto la página web como la aplicación, que tenían la orden de cierre por parte de la jueza, continuaban en funcionamiento", destacó Lapadú.

El funcionario judicial destacó que "hasta ahora lo que hicimos fue bloquear los lugares de comercialización de Uber como tarjetas de crédito y sitios como Rapipago o Pago Fácil donde la empresa canalizó allí sus pagos al estar cancelada la posibilidad de las tarjetas".

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"Ahora viene la etapa de las imputaciones", destacó Lapadú quien adelantó en este sentido que luego del secuestro que se efectuó de computadoras se podrán conocer más identidades y, en consecuencia podría haber más allanamientos y personas imputadas", precisó el fiscal.

Indico además que UBER "continúa funcionando por una cuestión técnica" ya que "su dominio es ".com" y no se puede cancelarlo acotándolo sólo a la Ciudad de Buenos Aires, para hacerlo hay que realizarlo en todo el país".

Pero adelantó que "se está en vías de solucionar este problema y que con la imputación a choferes y directivos creemos que el funcionamiento de la empresa estará mucho mas acotado".

El 22 de abril pasado la jueza Claudia Alvaro ordenó la clausura de la aplicación y de las oficinas que pudiera tener pero en virtud de usar un espacio público con fines lucrativos se realizaron los allanamientos en el microcentro y en domicilios particulares.

"El objetivo fue recolectar pruebas que sirvan para reforzar la reconstrucción del ilícito e identificar correctamente a los autores con el objeto de poner fin a la contravención, a la vez que se les imputa a los gerentes el haber violado la clausura impuesta por la jueza Alvaro el pasado 22 de abril", indicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

Durante los allanamientos "se incautó documentación, que liga a los más de 20 imputados con las actividades ilegales de la empresa, y aparatos de telefonía inteligente como smartphones, computadoras y otros dispositivos utilizados por UBER", aseguró el Ministerio.