El fiscal federal Eduardo Taiano se pronunció este lunes por enviar a juicio oral al ex jefe de Gabinete y otros acusados, entre ellos proveedores del Estado, por supuesto fraude.
En la causa por el plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio había procesado a Fernández y otros ex funcionarios, entre ellos al ex ministro de Salud Daniel Gollán, por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits maternales a embarazadas.

La imputación para el fiscal consiste en "haber participado en la irregular adquisición o provisión de los bienes que integraban el denominado kit qunita, toda vez que se abonaron precios excesivos en detrimento de la administración nacional y se infringieron las previsiones de la ley de contrataciones de la administración pública. Pudiéndose determinar que la misma se encontraba direccionada desde su principio para que resultara la adjudicación de las empresas" acusadas.

Las empresas intervinientes en la maniobra fueron, según consta en el dictamen, Compañia Narciso SRL, Grupo Diela, Dromotech, Fibromad, Delta Obras y Proyectos S.A ; y Fasano SRL. Cuando se dictaron los procesamientos la justicia sostuvo que las licitaciones tenían "seis ganadores prefijados" que "no tenían experiencia en los rubros y que presentaron ofertas con precios "elevados y abusivos".

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La lista de los procesados incluye también a a Nicolás Kreplak, ex secretario de Salud Comunitaria, el funcionario que requirió la compra y pidió modificaciones al pliego; a varios ex funcionarios de rango menor del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y a los empresarios que fueron parte de la maniobra investigada.

Todos los ex funcionarios fueron procesados por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario". Bonadio trabó además un embargo sobre los bienes de todos ellos de 440 millones de pesos.

El monto fue fijado "en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado", explicó el juez. Calculó que el sobreprecio fue de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits. Esta causa se inició el año pasado, con la denuncia que presentó el 23 de junio de 2015 la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En abril pasado, la Cámara Federal revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado. Ahora se dará traslado a las defensas para que opinen sobre la elevación a juicio y luego el juez estará en condiciones de enviar a juicio el caso.