El abogado Leonardo Martínez pidió que se investigue una cuenta en ese sitio de transacciones electrónicas a través de la cual se realizaron donaciones para la Fundación Suma.
El abogado Leonardo Martínez Herrero amplió este martes la denuncia contra la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y pidió que se investigue una cuenta del sitio de transacciones electrónicas "Mercado Pago" través del cual se canalizaron donaciones para la Fundación Suma, que preside la funcionaria. También pidió una pericia sobre los libros contables de la Fundación que fueron entregados con posterioridad a un procedimiento realizado por la justicia.

La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo, y en la misma se refirió a la última gala de la Fundación Suma, que se realizó días antes de que Cambiemos asumiera el gobierno. En ella, voluntarios de la organización recolectaron donaciones mediante un "posnet" portátil que llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural.

Se consignó que en la página web de Suma, en el link para donaciones conduce a una cuenta de Mercado Pago, identificada con número y usuario, en el que se pueden aportar voluntariamente la cantidad de dinero que se desee.

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El denunciante, Martínez Herrero pidió que el sitio de internet Mercado Libre y su pata financiera Mercado Pago "remitan todas las operaciones realizadas" mediante esos mecanismos, y que se detalle "todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de SUMA".

También pidió "los datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable".

Por otra parte, recordó que la Fundación no tenía en su sede los libros contables que el juez Lijo ordenó secuestrar sino que los presentó al día siguiente del procedimiento porque presuntamente estaban en poder del contador de la organización.

"Atento a la demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ, como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones", dice la presentación.

Días atrás el juez dispuso una orden de presentación de los libros contables de la Fundación, pero como no se encontraron en la sede, los mismos fueron aportados al día siguiente en el juzgado.