El ministro Aranguren ratificó la posición del gobierno nacional y propuso que las tarifas aumenten un 203% en promedio para los usuarios domiciliarios y un 500% para las empresas: Los organismos defensores de los consumidores advirtieron sobre el impacto negativo del tarifazo.
Los Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron este viernes en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como "derechos humanos".

Así lo plantearon los defensores al exponer en la Audiencia Pública que se desarrolló en la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca para analizar el nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas que propuso el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y que prevé un incremento promedio de 203% para los usuarios residenciales a partir del 1° de octubre y con ajustes semestrales.

El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1° de abril.

"Se deben observar los conceptos de progresividad, proporcionalidad y razonabilidad"

"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en una situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor, también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.

En una posición que fue respaldada por los defensores de municipios y provincias que siguieron a su exposición, Amor afirmó que "no puede haber diferencia en las condiciones de accesibilidad, porque lo que el Estado observa la situación de vulnerabilidad de la persona, y si es vulnerable para la tarifa del agua lo es para la del gas y la de la luz", al reclamar un cuadro tarifario único de amplio acceso y de manera automática.

El defensor porteño también demandó la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y de clubes de barrio para las que "hay normas vigentes y para las cuales el Estado debe fijar una tarifa especial que las contemple con un registro simple de control".

"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática"

Amor, en otro punto de su exposición de 10 minutos, admitió la necesidad de la actualización de tarifas pero entendió que la quita de subsidios que planteó el ministro Aranguren "va a superar anualmente cualquier incremento paritario y va a estar pegando directamente en el bolsillo de los trabajadores y los jubilados cuyas remuneraciones no crecerán en más del 25%".

"Deben considerarse los tres principios de la corte de manera complementaria y conjunta, lo que requiere que cualquier incremento tarifario que se fije esté atado a los incrementos paritarios de trabajadores y jubilados".

El Defensor de la CABA también planteó la defensa de las pymes productoras que "generan el 70 por ciento del empleo argentino, y que se reconozcan la realidad de las pymes electro y gasdependientes" y enfatizó que "es razonable que quien provee trabajo y producción nacional tenga una tarifa diferenciada para no comprometer su destino como empresa".

"La actualización de tarifas que planteó Aranguren va a superar anualmente cualquier incremento paritario"

Finalmente, Amor destacó la necesidad de "reconocer el acceso a los servicios energéticos esenciales como un derecho humano y como tal deben tener accesibilidad universal por parte del Estado, para lo cual atribuyó al Gobierno la obligación de "garantizar la absoluta accesibilidad a un derecho humano".

A su turno, la Defensora del Pueblo de la ciudad de La Plata, María Lapalma, reclamó poner el debate de los aumentos de tarifas "en el contexto que vincula a los ingresos y la posibilidad de pago de las personas, teniendo en cuenta que un conjunto de tarifas aumentaron al mismo tiempo a la par de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios", aspecto en el cual consideró "se perdió la razonabilidad y la racionalidad".

Abraham Gak, Defensor del Pueblo de Morón, enmarcó el debate en "una batalla tremenda por las tarifas, que el Estado podría dedicar a discutir una reforma tributaria progresiva para que el que más tiene más paga" y reclamó "no discutir solamente tarifas sino una política económica destinada a generar los recursos para que una sociedad tenga empleo y condiciones de vida dignas".

"Es necesario reconocer el acceso a los servicios energéticos esenciales como un derecho humano"

Desde Paraná, a través de videoconferencia, el defensor local Oscar Garay cuestionó "hablar ligeramente de que la tarifa de la energía es barata sin tener en cuenta el poder adquisitivo de las personas, cuando le llegan facturas de 3.000 pesos a usuarios que ganan en promedio 10.000 pesos", a lo que agregó su respaldo a la conformación de una tarifa social única y entender el servicio como derecho humano.

También por medio electrónico, el Defensor del Pueblo de Corrientes, Javier Rodríguez, denunció que las provincias del Noreste argentino siguen sufriendo "la discriminación y la asimetría" en materia energética respecto al resto del país, al destacar la falta de servicio de gas natural, los precios de tarifas eléctricas varias veces superiores a otras regiones como los costos hasta 11 veces superiores de los costos de las garrafas.

El cierre de las participaciones de los defensores, estuvo a cargo del representante del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien demandó la realización de "una auditoria externa que se expida sobre los costos del gas a boca de pozo para tener base cierta para establecer las tarifas" al tiempo que"demandó "desatarlas del valor del dólar" o en todo caso "que el estado asegure la certeza del precio en la actualidad y en el futuro".