La Fiscalía de la Ciudad dispuso este miércoles la clausura judicial de tres sectores principales de la cabecera de Flechabus, porque la empresa efectuaba derrames directos a la red pluvial, de distintas sustancias insalubres capaces de producir daño a la salud pública y al medio ambiente.
El operativo se llevó a cabo en la calle 5, entre Carlos Perette y Avenida Gendarmería Nacional, en el barrio de Retiro.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Matías Michienzi, comenzó a investigar a raíz de una denuncia radicada por los vecinos del complejo habitacional denominado Villa 31 y 31 Bis que advirtieron que los líquidos vertidos por la empresa tenían efectos nocivos para su salud.

El fiscal Michienzi intimó en agosto a Flechabus para que cese con los derrames tóxicos. Y además a efectuar mejoras para adecuar su actividad a los requisitos de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, en una segunda inspección se comprobó que Flechabus ignoró las intimaciones y continuó efectuando derrames con desechos tóxicos al conducto pluvial.

Este miércoles 28 de septiembre, el fiscal Michienzi dispuso la inspección integral de la cabecera de la empresa Flechabus y constató que la empresa seguía incumpliendo las intimaciones de la Fiscalía.

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Además se verificó la existencia de una manguera que egresaba del predio de Flechabus hacia la boca de tormenta de la red pluvial. Así se volcaban en la vía pública sustancias insalubres de un fuerte olor que dificultaba la respiración, que podría tratarse de derivados de hidrocarburos.

En la inspección también se encontró que en el sector lavadero se encontraba una cámara de tratamiento colapsada de derivados de hidrocarburos y materia fecal que generaba un efluente al conducto pluvial.

Además en el sector taller y en el sector pintura no se encontraban las contenciones y cámaras de seguridad en materia ambiental y se verificaron vuelcos directos al conducto pluvial donde se arrojaban los desechos generados por el lavado, y reposte de los micros de larga distancia que allí ingresaban.

El fiscal Michienzi impuso la clausura judicial por infligir el artículo 54 del Código Contravencional. Y dispuso el vallado policial de los tres sectores donde se constataron los vuelcos por encontrarse afectada la salud pública y el medio ambiente.

Además, se tomaron muestras para su análisis en todos los lugares de la verificación de los arrojos ilegales, con la prohibición de ingreso de micros a dichos sectores, sin afectar la operatividad del servicio general de la empresa.

A su vez, dentro de las 48 horas posteriores al operativo, la Dirección General de Red Pluvial sellará todos los lugares por los cuales se efectuaron vuelcos a la red pluvial desde el predio. El predio cuenta también con clausura administrativa de parte de la Dirección General de Control Ambiental de los determinados sectores, por no haber cumplido con las intimaciones efectuadas.