Los fundamentos del artículo señalan que la tarea de las "coperas" para "alternar" con los clientes, eventualmente bailar con ellos y finalmente, hacerle pagar tragos, encubre la exposición sexual de las mismas por parte de proxenetas.
La Legislatura porteña aprobó este jueves por 41 votos a favor y 19 abstenciones una Ley que ordena cerrar en 90 días en la Capital Federal los locales "Clase A", conocidos como "whiskerías", y prohíbe el trabajo de las "coperas", también llamadas "alternadoras", con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas.

La nueva Ley, que impulsó el diputado Gustavo Vera, sumó el apoyo del oficialismo, ya que la vicepresidenta primera del cuerpo, Carmen Polledo, es co-autora de la iniciativa, junto al legislador Omar Abboud. Por la abstención se pronunciaron el Frente para la Victoria, los bloques de izquierda, el PSA y SUMA+.

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Los fundamentos del articulado señalan que la tarea de las "coperas" para "alternar" con los clientes, eventualmente bailar con ellos y finalmente, hacerle pagar tragos, encubre la explotación sexual de las mismas por parte de proxenetas.

Los locales "Clase A" existen desde el año 1976, a partir de una ordenanza que permitía "contratar" empleadas para "alternar" con los clientes.


La Ley que se aprobó hace caducar las habilitaciones a las "whiskerías" y a todos los locales donde "se promueva, facilite, desarrolle o se obtenga provecho de cualquier forma de explotación de la prostitución".

Polledo explicó en el recinto que la Ley busca "combatir el flagelo de la trata" y sostuvo que detrás de las mujeres que trabajan en esos locales existen situaciones de ese tipo. Por su parte, Vera defendió el proyecto y explicó que las normas que se derogan hoy "le permiten al dueño del local ser un rufián, un proxeneta" y aseguró que "las alternadoras no trabajan, sino que están siendo explotadas".

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Los diputados que impulsaron la norma señalaron que "se inscribe como una política pública concreta en el marco de la lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, estableciendo medidas concretas en relación a la problemática que se enfrenta y en consonancia con la normativa internacional y nacional vigente en la materia".

"En este sentido, cabe señalar que el Estado argentino se ha obligado ante la comunidad jurídica internacional a castigar la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas, incluso afirmando la irrelevancia del consentimiento de la víctima", agregaron en los considerandos de la ley.