La Corte Suprema le dio 15 días a la Acumar para que haga una presentación conjunta con Nación, Ciudad y Provincia sobre el cumplimiento de la sentencia que los obliga a sanear el Riachuelo.

La Corte Suprema de Justicia intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), al gobierno nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires para que informen en el plazo de 15 días los trabajos realizados para el saneamiento del Riachuelo.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz dictaron la resolución "a fin de evaluar la necesidad de actualizar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos".

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La Corte otorgó un plazo de 15 días para que la ACUMAR y los gobiernos "en forma conjunta y mediante una presentación única, realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia" del alto tribunal que ordenó el saneamiento de la cuenca en julio de 2008.

Los organismos "deberán señalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas" el estado de los trabajos.

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La resolución firmada por los ministros reclama una actualización "al 30 de setiembre de 2016" y se convocó a las partes a "expresar opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas" en el fallo de 2008.

La contienda tuvo su origen en el año 2006, cuando diecisiete personas en su condición de damnificados por la contaminación ambiental causada por la cuenca hídrica Matanza Riachuelo, promovieron demanda contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuarenta y cuatro empresas existentes en la zona.

Luego de haberse solicitado informes sobre la situación actual de la cuenca, y de realizarse una audiencia pública sobre el tema, la Corte ordenó que se tomen medidas sobre el asunto.