El magistrado desestimó un pedido de la defensa del empresario para que se suspenda el proceso en su contra. Esta semana, el dueño de Austral Construcciones cumplió seis meses detenido en el penal de Ezeiza.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó el sobreseimiento del empresario Lázaro Báez, acusado en la causa por lavado de activos, al desestimar un pedido para que se suspenda el proceso en su contra.

Según la defensa de Báez, actualmente a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, no hay un delito precedente que justifique la figura de lavado de activos, por lo que planteó una "excepción de falta de acción" por inexistencia de delito.

El juez rechazó el sobreseimiento al considerar que "el planteo no solamente de modo tardío y equivocado busca discutir la autonomía de la actual figura de lavado de activos sino que huele a sofisma pues intenta correr el eje de la cuestión y alterar los términos del reproche", del delito por el que Báez ya está procesado.

Embed
Lázaro Báez -junto a otros imputados- fue procesado el 18 de abril pasado y esa a decisión fue respaldada por la Cámara Federal dos meses después, según recordó el fiscal Guillermo Marijuán al opinar sobre el planteo de Báez.

Para el juez, "la aseveración de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era dinero lícito o legítimo producto de las ganancias declaradas por la realización de obra pública, es lisa y llanamente una alteración de los términos del reproche".

"La lectura de los procesamientos demuestra con claridad meridiana que las conductas fueron interpretadas dentro de un detallado cuadro contextual que abarcó no sólo las graves denuncias de corrupción vinculadas a Lázaro Báez como contratista del Estado que tramitan ante otros juzgados... sino investigaciones propias...que echaron luz sobre flujos de capitales negros".

El juez recordó que existe la "fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, llevada adelante por Austral Construcciones S.A., en la cual las facturas apócrifas han constituido el ardid utilizado por la firma, como mínimo, para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado y defraudar, de tal modo, al Fisco por sumas millonarias".