La propuesta del Gobierno holandés al Parlamento sobre una ley que otorgue el derecho a la eutanasia a personas que, aunque no estén enfermas, sientan que "ya no tienen más perspectivas en la vida" y "han desarrollado un deseo de morir persistente y activo", generó un debate público en el país.
La propuesta parte de la ministra neerlandesa de Sanidad, Edith Schippers, y del ministro de Justicia, Ard van der Steur. Ambos remitieron una misiva conjunta a la Cámara baja en la que piden ampliar los supuestos en los que se puede aplicar la eutanasia, despenalizada en Holanda desde 2002, lo que encendió la polémica teniendo en cuenta los antecedentes de la propuesta.

El Gobierno de coalición holandés solicitó en 2014 un informe a un comité de especialistas
que se encargó de valorar la viabilidad legal y los dilemas sociales que supondría despenalizar el suicidio asistido a personas que piensan que "su vida está completa".

Tras una intensa investigación de dos años, el comité emitió su conclusión: "no es deseable" expandir las posibilidades legales para el suicidio asistido porque el actual marco jurídico "es suficiente".

Actualmente, un paciente debe cumplir ciertos requisitos para solicitar la eutanasia, entre los que se encuentra el que al menos dos médicos confirmen que el enfermo padece de un sufrimiento inaguantable y sin perspectivas de mejora.

Los ministros agradecieron el trabajo del comité, pero rechazaron su resolución final, ya que piensan que la ley actual se queda corta porque tiene una importante limitación, como es que el suicidio asistido debe basarse en fundamentos facultativos.

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Según el Gobierno, también hay gente que desea terminar con su vida y padece un "sufrimiento inaguantable" sin una "base médica". Los responsables gubernamentales señalan concretamente a ancianos que sufren por la pérdida de "sus seres queridos" o de "contactos significativos", teniendo como resultado "fatiga" y "apatía".

Por esta razón, la nueva ley solo sería aplicable a personas mayores, aunque los ministros no han aclarado qué edad mínima habría que tener para acogerse a la propuesta.

"Hay gente para la que cada día que pasa es uno más en espera de la muerte. Estas personas preguntan cómo pueden poner fin a su vida de una manera digna", mantienen los ministros en la misiva, dada a conocer a través de la página web del Gobierno neerlandés.

La nueva ley supondría la creación de una nueva profesión, una especie de "orientador" social con experiencia en el campo de la Medicina que evaluaría la solicitud del suicidio asistido.

El demandante estaría obligado a poner por escrito que desea terminar con su vida y el orientador le haría entrevistas para confirmar que su sufrimiento es inaguantable, al menos una de ellas en persona y sin la presencia de sus familiares.

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La aplicación de la eutanasia no sería automática, sino que se practicaría posteriormente en un tiempo aún no determinado y tras la supervisión del caso por un segundo experto especializado.

Si se detectase que la solicitud se debe a problemas médicos tratables, "otras alternativas serían exploradas", aseguran los ministros.

En caso de que el demandante recibiera luz verde, obtendría una prescripción con la receta de la medicina que acabaría con su vida, pudiéndola adquirir en la farmacia, mientras que los familiares, si lo desean, podrían estar presentes en los momentos finales de su ser querido.

La propuesta será analizada por el Parlamento el próximo año, pero en marzo de 2017 se celebran elecciones en Holanda, de forma que estará en las manos del nuevo Ejecutivo aprobarla o rechazarla.

Con la actual composición de la Cámara, a priori la ley sería avalada, dado que los dos partidos de la gran coalición gobernante, el socialdemócrata PvdA y el liberal VVD del primer ministro, Mark Rutte, se han pronunciado a favor, y teniendo en cuenta que también la apoyan los social liberales del D66.

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En contra están dos de los principales partidos de la oposición, el socialista SP y el democristiano CDA, cada uno por diferentes razones.

El primero ha relacionado la propuesta con las medidas de austeridad impulsadas por el Ejecutivo, en tanto que los democristianos, por su parte, no entienden por qué el Gobierno no ha seguido el consejo del comité de expertos, que se decantó por mantener el actual marco legal tal y como está ahora.