El sistema apunta a contener la crisis migratoria y la amenaza terrorista; tendría un costo de cinco euros y comenzaría a regir en el 2020.
Los argentinos que quieran viajar a Europa necesitarán obtener una "visa exprés" previa tras pagar cinco euros, según la propuesta anunciada por la Comisión Europea.

La iniciativa de la comisión es crear un registro obligatorio a todos los extranjeros que quieran entrar en territorio comunitario, al ejemplo de lo que hace Estados Unidos con los ciudadanos europeos, como medida de defensa contra el terrorismo, el crimen y la migración ilegal.

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De esta manera, a partir del 2020 los ciudadanos de países que están exentos de visado para entrar en la UE, entre ellos los argentinos, deberán someterse a un control de seguridad online. La solicitud de autorización costaría cinco euros y se completaría en diez minutos.

Según la CE, en el 95% de los casos los solicitantes obtendrán una aprobación automática, mientras que del restante 5 %, una buena parte (calculado entre el 3 y el 4 %) recibirá una decisión positiva en un momento posterior.

Los interesados a los que se deniegue la autorización, podrán recurrir la decisión.

Hasta ahora, ciudadanos de más de 50 países socios de la UE necesitan solamente su pasaporte para acceder al espacio Schengen.

El nuevo sistema obligaría tanto a turistas como gente que viaje por negocio a solicitar previamente una autorización de viaje que sólo se concedería luego de un análisis satisfactorio de sus datos.

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"Este mecanismo subsanará un vacío al verificar y cruzar los datos relativos a los candidatos exentos de visados con aquellos presentes en nuestros sistemas", se defendió el primer vicepresidente del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, para quien será un sistema "simple, rápido, barato y eficaz".

La Comisión Europea justifica la propuesta por las amenazas que supone el terrorismo internacional y los problemas con la migración ilegal.

Se calcula que la instauración del sistema requeriría inversiones por en torno a 212 millones de euros, que se sumarían a los costos actuales de alrededor de 85 millones, pero que se cubrirían con los ingresos recaudados por el pago de la tasa.