Las organizaciones que días atrás sellaron un acuerdo con el Gobierno para que se declare la emergencia social, ahora buscarán tener su propia obra social.

La idea de estas corrientes sociales que encabeza la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) es que los jefes de familia de "los sectores vulnerables" de la Argentina obtengan un estatus similar al de los "monotributistas"; lo que les daría la posibilidad de acceder -a ellos y a sus respectivos grupos familiares- a una obra social de su elección, que les asegure las prestaciones básicas de salud.

Según confiaron a Télam voceros de las organizaciones sociales, éstas volverán a la carga con la propuesta de incluir la atención de salud antes de la sesión especial del 6 de diciembre, el día señalado para que el Congreso considere convertir en ley el nuevo proyecto de emergencia social, pactado entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el colectivo de organizaciones piqueteras (la Ctep, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie y el Movimiento Evita, ente otras).

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El anterior proyecto de emergencia social, que había conseguido la media sanción del Senado y que el Gobierno amenazaba con vetar, disponía, entre otros puntos, "la creación de un millón de puestos de trabajo" y la puesta en marcha de una obra social que diera cobertura sanitaria a ese universo de damnificados por la falta de un empleo.

Pero aquella iniciativa quedó fuera de circulación una vez sellado el pacto del Gobierno con las entidades sociales, pese a que no incluyó ni el millón de puestos de trabajo ni de una obra social específica.

"Vamos a seguir insistiendo con el tema, porque necesitamos una obra social que dé atención a la gente de la economía popular", adelantó uno de los líderes del movimiento piquetero, con disposición para abrir una nueva instancia de negociación.

Cuando la primera versión de la Emergencia Social todavía valía, dirigentes de la CGT que acompañaban a las organizaciones sociales, analizaron la factibilidad de crear una "obra social de distinta naturaleza" (figura que contempla la ley de obras sociales en su inciso H) para aquellos que quedaran inscriptos en un Registro Nacional de la Economía Popular".

En cualquier caso, los sindicalistas encargados de gestionar la nueva obra social, confiaron que el acceso a los servicios de salud de los sectores vulnerables sería necesariamente gradual porque, según calculan, "el sistema de salud colapsaría".

Fuentes próximas al despacho de Stanley sostienen que el gobierno de Mauricio Macri no está predispuesto a reabrir la discusión y revisar los términos del acuerdo.

La atención de salud de los monotributistas es además, justamente, una de las preocupaciones del mundo sindical, toda vez que consideran "a todas luces insuficiente" el aporte económico que reciben de los trabajadores autónomos y de emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, para darles iguales prestaciones médicas que a los trabajadores formales, quienes dicho sea de paso hacen un mayor aporte económico al "sistema solidario".

Esta cuestión es una de las observaciones puntuales que hacen los responsables de las obras sociales sindicales, que recibieron de muy buen grado la "reparación histórica" que significó, por parte del actual gobierno, la distribución de 30 mil millones de pesos en bonos públicos y 2700 millones de pesos en efectivo a esas entidades de salud; después que la gestión anterior les cerrara el acceso a la totalidad de los fondos.

El sindicalismo peronista también pretende un mejor aporte del PAMI para cubrir los mayores gastos en salud que demanda por, una cuestión cronológica, la atención de los jubilados; el mismo grado de inquietud genera el creciente costo de los medicamentos.

Otra propuesta en materia de salud de la cosecha de la CGT apunta a la creación de una "agencia de nuevas tecnologías de avanzada", que vendría a funcionar como un tribunal de avanzada, pero sin carácter vinculante: esto es, si un juez dictamina que un paciente reciba por ejemplo una prótesis de determinado valor, ese tribunal podría convencer a un magistrado a inclinarse por otro tipo de ortopedia más económica, siempre y cuando se compruebe que ésta es igual de efectiva y segura que la de mayor valor.