El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó que mediante exhorto Brasil informe si Odebrecht cometió delitos en connivencia con funcionarios argentinos y empresas como IECSA de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en las obras públicas adjudicadas para el soterramiento del tren Sarmiento.
El pedido es para que Brasil informe si en el caso conocido como "Operación Lava Jato", el mayor caso de corrupción en la historia de ese país, consta información sobre las obras adjudicadas para el soterramiento de esa línea de ferrocarril.

La denuncia se originó por los dichos de la expresidenta Cristina Kirchner, en oportunidad de hablar de su relación con el grupo de la familia Báez, pues se investiga la obra pública con la cual lo benefició y los alquileres que el empresario patagónico pagó a la firma "Los Sauces", que integra la exfamilia presidencial.

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Ante el juez Julián Ercolini, quien justamente la indagó por presunto fraude con la obra pública, y al intentar rebatir políticamente sus vínculos con Báez, Cristina Kirchner había dicho que hubo irregularidades por parte del gobierno de Mauricio Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con 45 mil millones de pesos, puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Calcaterra.

Según se investiga, el 16 de junio de 2016 y por el decreto de necesidad y urgencia 797/2016 se modificó el presupuesto y se autorizó la contratación de obras y adquisición de bienes para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que había sido adjudicado ya en 2008 al consorcio IECSA S.A, a la constructora Norberto Odebrecht (también involucrada en la causa contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas); COMSA S.A y Ghella Societa Per Azzionipor un total de 45 mil millones de dólares provenientes de fondos del Estado.

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La denuncia hecha por Cristina Kirchner es porque el financiamiento iba a provenir desde el exterior y, finalmente, en 2016 se resolvió que el Estado Nacional lo financiara.

La sospecha va desde supuestos cohechos, defraudación en perjuicio a la administración pública y hasta posibles incumplimientos con los deberes de funcionario público.

Ahora, el juez federal Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho a fines de esta semana por Pollicita para que el Juzgado de la 13° Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná en la causa conocida como "Operación Lava Jato" hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento.

Desde hace un tiempo a esta parte fueron en el marco de varias causas que los jueces vienen reclamando información a Brasil en el proceso judicial de "Lava Jato": tal vez los más recientes son los pedidos hechos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que reclama que Brasil entregue las declaraciones que hizo el cambista Leonardo Meirelles como "arrepentido.

El juez Sebastián Ramos también requirió información a Brasil en el marco de otra causa que investiga la venta del 51% de la firma Transener, en manos de Petrobrás, que en principio iba a ser a favor del fondo de inversión estadounidense Eton Park.

Pero, según habrían declarado arrepentidos en Brasil, se pagaron coimas al expresidente de negocios internacionales de Petrobrás para que la venta finalmente fuese a la empresa Electroingeniería, esta última con buenas relaciones con el kirchnerismo.