La Justicia avaló el decreto de Macri para que familiares de funcionarios entren al blanqueo
La jueza María Biotti no analizó si el decreto del presidente, Mauricio Macri, mediante el cual busca que los familiares de los funcionarios ingresen al blanqueo de capitales, es constitucional o no. Sólo se limitó a rechazar el amparo presentado por el diputado Felipe Solá.
La jueza Biotti no analizó si el texto era inconstitucional o no, sino que consideró que Solá no tenía legitimación para efectuar el reclamo al sostener que "no se advierte la existencia de caso o causa judicial – en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional- por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad".
Antes se había pronunciado en el mismo sentido el fiscal Fabián Canda que sostuvo que "la mera condición de ciudadano y de legislador" no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta".
El Congreso aprobó en mayo del año pasado la ley de blanqueo de capitales en la que prohibió que se puedan acoger a esa medida los familiares de quienes hayan sido presidente y vice, gobernador y vice, jefe de gobierno y vice, intendentes o personal de organismos de inteligencia del 1° de enero de 2010 a la actualidad.
El gobierno dictó luego el decreto que permite a familiares beneficiarse con al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que sus parientes ingresaron a la función pública.
El diputado Solá presentó un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la norma al entender que viola una ley nacional, de jerarquía superior a un decreto, y el principio de la división de poderes.
Solá ya apeló la decisión de la jueza al señalar en su escrito que la jueza Biotti "no da cuenta de los argumentos especiales desarrollados en demanda, que me ponen en una situación particular ante la gravedad institucional de la violación constitucional denunciada, y la ausencia de afectados directos por la medida ejecutiva cuestionada".
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