La familia había tomado un crédito hace casi tres décadas y aseguran que ya lo habían pagado. Pero un proceso ejecutivo por un saldo de $359,63 los dejo sin hogar desde el viernes pasado.

Celia Godoy aún no puede entender cómo ella, sus tres hijos y sus tres nietas terminaron en semejante situación. "La jueza Rubí Velázquez nos hizo esto", dijo entre lágrimas e impotencia.

A la medianoche del viernes pasado sacaron sus cosas porque, según les advirtieron, este martes todos serían desalojados por la fuerza y antes de hacerle pasar por ese mal momento a las nenas, decidieron dejar la propiedad.

Según publicó el diario El Tribuno, todo comenzó con un crédito tomado en hace casi tres décadas. Sus tres hijos, un varón y dos mujeres, una a punto de dar a luz a la tercera nieta de Celia, aseguraron que aquel préstamo se canceló con creces.

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En el año 2000 se inició un proceso ejecutivo por un saldo de $359,63. Celia y sus hijo creen que fue un reclamo de honorarios del abogado del banco. Es muy poco lo que saben a ciencia cierta, porque la Justicia nunca les notificó, como debía, las actuaciones.

Por años, los mandamientos fueron dirigidos con un nombre incorrecto -"Cecilia Godoy"- y una dirección inexacta. Todos fueron a parar a otro departamento de esa urbanización de la zona norte de la capital salteña, de acuerdo a la información de El Tribuno.

Recién a mediados de 2016 recibieron una cédula con nombre y dirección correctos. En esa notificación, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación le informó a Celia Godoy que su vivienda familiar estaba por ser subastada. Solo cinco días después le llegó otra cédula informándole que el remate ya se había realizado.

En la subasta hubo referentes del IPV, Aguas del Norte, Edesa y la Municipalidad. El departamento fue adquirido por una mujer a través de un abogado que tiene su mismo domicilio.