Es en relación con un pedido que hizo hace tres años la entonces diputada nacional Laura Alonso. El material está en poder de Cancillería.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la Cancillería que le dé a Laura Alonso toda la documentación que posee sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA. La actual titular de la Oficina Anticorrupción lo había solicitado hace casi tres años, cuando era diputada nacional.

Según publicó este domingo el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira resolvieron el pasado jueves ordenar al ministerio que dirige Susana Malcorra que "cumpla con las obligaciones propias del acceso a la información pública respecto del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán".

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Los jueces ordenaron a la Cancillería que "permita el acceso a toda la documentación sobre el punto, tanto previa (incluso la referente a negociaciones realizadas y propuestas intercambiadas entre Irán y Argentina), como contemporánea y posterior a la firma del documento, y también borradores y papeles de trabajo". El CIJ recordó que "en primera instancia se había declarado que la cuestión era abstracta debido a que en sede penal se había planteado la inconstitucionalidad del memorándum".

Pero la Cámara revocó esa decisión al considerar que "lo decidido en el ámbito penal no incidía ante las obligaciones del Estado sobre la obligatoriedad de informar plenamente respecto del tema, sin que existan razones de excepción que justifiquen la negativa del gobierno anterior".

El memorándum con Irán fue firmado en 2013 por el gobierno de Cristina Fernández con el de Irán, el país acusado de haber promovido el atentado contra la AMIA, que causó la muerte de 85 personas, el 18 de julio de 1994.

El gobierno de la república islámica supuestamente colaboraría en el esclarecimiento de lo ocurrido, luego de años de haberse negado a hacerlo.

Finalmente el memorándum fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina en diciembre de 2015, en tanto que el parlamentó iraní nunca lo aprobó.