Se trata de la suba del servicio energético que impuso el Gobierno nacional desde febrero. "Dejarían de proveerse de necesidades básicas como la alimentación", alertó el juez.
Un juez del Chaco ordenó a la empresa distribuidora de energía eléctrica que no aplique en esa provincia el tarifazo dispuesto por el Gobierno nacional, al considerar que "las nuevas facturas son impagables" y que los usuarios "dejarían de proveerse de necesidades básicas como la alimentación". Para la provincia, representó una suba de entre el 100 y el 200 por ciento.

Se trata de una resolución del juez provincial de Procesos Ejecutivos, Concursos y Quiebras, Marcelo Gauna, quien hizo lugar a una presentación del Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados Municipales, entidad que había promovido un amparo colectivo con el fundamento de que el tarifazo "genera exclusión" por la alta suba en el costo del servicio eléctrico.
El magistrado le ordenó a la empresa Secheep, que depende del Gobierno provincial, a volver a facturar desde febrero en adelante con los precios de la luz que estaban vigentes en diciembre de 2016, es decir, pone en suspenso los nuevos cuadros impuestos por la secretaría de Energía de la Nación.
El fallo advierte que no se podrán aplicar "los aumentos que resulten consecuencia del traslado de los cuadros tarifarios aprobados por Resoluciones Nº 75/2017 ENRE y 20/2017 Secretaría de Energía de la Nación; y Resolución Nº 66/2017 ENRE".
Mientras analizan la resolución judicial, funcionarios del Chaco sostuvieron que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, aplicó en los últimos quince meses un incremento acumulado del 370 por ciento en el precio mayorista de la energía que CAMMESA le provee a la distribuidora chaqueña. Con las resoluciones de Aranguren, CAMMESA le facturó al Chaco 320 pesos el megavatio/hora en 2016, mientras que ese costo subió en febrero de 2017 a 400 pesos y pasó a 640 pesos actualmente.
La suba mayorista, impulsada por la quita de subsidios nacionales, hizo que los chaqueños pasaran a pagar sus facturas de luz de 260 pesos por mes a 750 pesos, en promedio, durante los últimos quince meses.
En su resolución, Gauna consideró que, de trasladarse esos costos a los clientes, "habría perjuicios graves de imposible reparación ulterior ya que el usuario, al tener que afrontar las excesivas facturas de luz, dejaría de proveerse de elementales necesidades básicas alimentación, vestido, vivienda y medicamentos".
El fallo también sostiene que "en el supuesto de no poder abonar tales facturas, cualquier usuario podría quedarse sin el servicio de electricidad, generando exclusión de un servicio esencial como es la energía eléctrica".
Entre los fundamentos, señaló: "no se puede desconocer que las resoluciones (que determinaron los incrementos) se dispusieron en medio de una imperante emergencia económica y social, de acuerdo a los últimos índices del INDEC y las normas de la Unión Europea, además del indiscutible estado de pobreza".