En un duro fallo advirtió que la investigación por presunto lavado de dinero no puede centrarse únicamente en Báez y su entorno sino que debe ampliarse a los funcionarios del gobierno anterior que podrían estar involucrados.
La Cámara Federal porteña en un duro fallo contra el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, los exhortó nuevamente a encaminar la investigación por lavado de dinero y profundizar la pesquisa hacia ex funcionarios del gobierno kirchnerista. En tanto se pronunció a favor de que en algún momento deban unificarse todas las causas de corrupción vinculadas a las maniobras investigadas.

El fallo de la sala II de la Cámara es una respuesta a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que había solicitado directamente la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros, lo que fue rechazado por el juez Casanello.

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En su resolución la Cámara no dispuso las indagatorias al destacar que antes hay que profundizar la investigación sumando a la causa los avances que ha habido en otros expedientes en los que se investiga la obra pública y las empresas de la ex familia presidencial.

El fallo critica al juez por su "inactividad", "esquivando" indicaciones que la misma Cámara le había dado en otras oportunidades. También cuestiona el "tibio" dictamen del fiscal Guillermo Marijuán del 8 de abril de 2016 "que transcribe los dichos de Leonardo Fariña pero no propone el camino a seguir para encaminar su pretensión".

Criticó al fiscal "en tanto su larga y anunciada actividad tendiente a promover que alguno de los Báez aporte los datos necesarios como imputado colaborador ni se terminó por concretar, ni puede constituir el único curso de acción posible para avanzar en la pesquisa contra los funcionarios que –como se dijo- ya se hallan involucrados en ella; ni logró avanzar cuando se le delegó esa parte de la investigación".

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La Cámara recordó que Lázaro Báez "resulta hasta aquí el principal investigado en esta causa seguida a determinar los movimientos de bienes y dineros que habría obtenido a través de la asociación ilícita que conformó con integrantes del poder de turno para acceder a fondos estatales que obtuvo de las obras públicas que irregularmente le fueron concedidas".

"No puede aceptarse que sea solo él y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito –y su circulación- vinculado a este proceso, desatendiendo palmariamente las denuncias de origen –que se refuerzan por el sentido común- de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", indicó la Cámara.

"Es momento que Juez y Fiscal encaminen la encuesta –también con la necesaria colaboración efectiva de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos de manera que la respuesta al planteo de legitimación pasiva fluya positivamente del análisis de la causa –cualquiera sea su resultado- no, como en esta ocasión, por omisión y por no haber sido investigado".

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"Es necesario, se insiste, que se parta de relacionar las pruebas recogidas en una y otra causa de manera de integrar esta pesquisa a las otras que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas, de suerte tal que aun cuando por su magnitud deban transitar esta etapa por separado, confluyan a la conformación de un gran debate que permita dilucidar los cuantiosos hechos de corrupción involucrados", dice el fallo.