El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la acusación e involucró a directivos de la firma Socma y Simeco, empresas de los Macri, a los síndicos que intervinieron en el concurso y a la jueza del fuero Comercial que tenía el concurso de la compañía.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió este viernes la acusación que había realizado en la causa contra el presidente Mauricio Macri y su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en el marco de las denuncias penales que se hicieron por supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, de la familia presidencial, calificado como "abusivo" por una fiscal del fuero comercial.

El representante del Ministerio Público imputó a directivos de la firma Socma S.A y Simeco S.A., a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial que tenía el concurso de la compañía.

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La ampliación de las imputaciones surgen a partir de las nuevas presentaciones realizadas por Gabriela Boquin, la fiscal general del fuero comercial que en su momento denunció el abusivo acuerdo.

"Se ha de imputar en estos actuados a los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A., a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina S.A. y la Jueza a cargo del proceso, Dra. Marta G. Cirulli, como así también todo individuo que del devenir de la presente resulte partícipe de los hechos investigados", dice el dictamen del fiscal Zoni al que tuvo acceso minutouno.com.

Según resume el dictamen, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, "montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas. Existen disquisiciones y contradicciones entre lo argüido por la concursada y la documentación obrante en el expediente concursal así como por lo expresado por la misma al momento de informar los pagos mensuales a la sindicatura controlante y por lo informado por ésta última en el expediente del concurso".

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"La concursada no pidió las autorizaciones correspondientes para alquilar un inmueble de su controlante en un acto que claramente excedía su giro, además de ser un acto sobre un bien registrable que favorecía a su controlante Sideco.", explica el dictamen.

Para el fiscal, "lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A".

El fiscal pidió "una investigación más profunda sobre el patrimonio de la concursada y sobre lo sucedido en cuanto a la canalización y colocación de dinero en empresas de su mismo grupo económico", según el dictamen.

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"Corresponde además profundizar la investigación en cuanto a la canalización de las sumas dinerarias sustraídas del concurso mediante las cuales Correo Argentino S.A. invirtió en su controladora", explicó.

Zoni pone énfasis en investigar el "manejo patrimonial de la concursada no sólo a efectos de desinsacular posibles responsabilidades de los funcionarios participantes sino también para determinar las titularidades y relaciones societarias que permitirán descartar o confirmar las incompatibilidades".

Para el fiscal se debe analizar "el accionar displicente con que los funcionarios intervinientes permitieron que se siga dilatando el trámite concursal cuestionado, y así, ya sea por las consecuencias financieras del sólo transcurrir del tiempo sobre los montos adeudados o por la omisión de contralor en cuanto a los movimientos patrimoniales de la concursada, habrían perjudicado las arcas estatales".

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En su dictamen el fiscal advierte por las irregularidades que se han ido produciendo en el trámite del expediente N° 94360/01 caratulado "Correo Argentino s/ Concurso preventivo" así como en sus incidentes, "cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".

El nuevo requerimiento fiscal es la ampliación de la imputación presentada ante el juez Ariel Lijo en febrero pasado, al solicitar iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal. En su momento el fiscal imputó a Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa.