El juez Luis Rodríguez dispuso el procesamiento del ex titular de la AFSCA por supuesta administración fraudulenta y le trabó un embargo por 10 millones de pesos.
El juez federal Luis Rodríguez procesó este lunes por "administración fraudulenta" al ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabatella en una causa por supuestas irregularidades en el control del uso de millonarios subsidios a organizaciones comunitarias. El magistrado lo embargó por 10 millones de pesos.

El magistrado dio por probada la irregular asignación de fondos a cuatro organizaciones por parte de la ex AFCSA, el Foro Argentino de Radios Comunitarias por 650 mil pesos, la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, por 2,25 millones de pesos, la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada por 700 mil pesos y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, por 3,4 millones de pesos en subsidios, según surge del expediente.

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También quedó procesada la legisladora porteña del kirchnerismo Andrea Conde, quien estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales.

Tras conocerse el procesamiento Sabbatella advirtió que "el plan de (Mauricio) Macri es que en esta campaña electoral no se discuta el presente sino el pasado. Quieren esconder la dura realidad que viven los argentinos y argentinas con fallos y resoluciones absurdas contra quienes formamos parte del Gobierno anterior. La maniobra, como siempre, se completa con la manipulación, la difamación y las mentiras de los medios hegemónicos. Buscan tapar el ajuste y la pérdida de derechos".

Y siguió: "Nos acusaron, primero, por tratar de que Clarín cumpla la ley y, ahora, porque apoyamos, fortalecimos y fomentamos al sector comunitario de la comunicación. Es decir: el oficialismo gubernamental, mediático y judicial nos persigue porque cumplimos la ley vigente y trabajamos para democratizar la comunicación".

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En su resolución el juez Rodríguez señaló que "estoy convencido que con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades de la AFSCA", dice la resolución.

"He de resaltar que los actos de los organismos y entidades estatales que pertenecen a la Administración Pública poseen un margen de actuación, es decir discrecionalidad (que no debe nunca entenderse como arbitrariedad) para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus actos, sin embargo y tal como la SIGEN (órgano de contralor de la Administración Pública, entre otros) también resaltó, en esos casos resulta evidente el apartamiento de la misión establecida", sostuvo el juez.

La acusación fue realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli sobre una denuncia del Enacom basada en una auditoría de la SIGEN.