Se trata de una "acción expedita y rápida de amparo" presentada por Barcesat. "Hay que ponerle límite al derrumbe institucional a que estamos asistiendo", advirtió el abogado.

La justicia en lo Contencioso Administrativo Federal recibió este martes una "acción de amparo" en defensa de la "institucionalidad", con un pedido para que haga cesar toda amenaza emanada del Poder Ejecutivo de producir un desplazamiento de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

En una "acción expedita y rápida de amparo", el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat pidió "el cese de toda amenaza, manifiestamente ilegal y arbitraria, emanadas del Poder Ejecutivo y funcionarios dependientes del mismo, de producir un desplazamiento de la actual titular del Ministerio Público Fiscal".

"Hay que ponerle límite al derrumbe institucional a que estamos asistiendo", advirtió el abogado.

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"Desde antes de la asunción de las actuales autoridades del Gobierno Nacional, se gestó una campaña de presión, de tono –incluso - amenazante, tendiente a obtener que la titular del Ministerio Público Fiscal presentara la renuncia a su cargo", dice el escrito.

El letrado responsabilizó a Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano, el jefe de Gabinete Marcos Peña y a "legisladores nacionales, tanto oficialistas como pertenecientes a otras bancadas".

En la presentación se aclaró que "no se trata de impedir investigación judicial alguna que pudiere hallarse en trámite, más allá de su mérito o falta del mismo".

"Pero resulta totalmente inadmisible para la salud institucional de la República, tanto que se "anuncie" por los voceros oficiosos de la prensa escrita hegemónica, como por la multiplicidad de medios audio-visuales que dependen de las mismas, que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, 'será desplazada de su cargo por un decreto del PEN que se dictará de inmediato'", señaló Barcesat.

El letrado indicó que antes que persona de Gils Carbó, " el bien jurídico tutelado por esta acción de amparo está inscripto en la defensa de la institucionalidad propia al Estado de Derecho".