La ONU pide que se garanticen los abortos no punibles

Política

Mediante sus países miembros y distintas ONGs, exigen que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema.

Un grupo de países miembro de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones sociales argentinas le plantearon al Gobierno nacional que garantice el acceso a abortos no punibles, tal como estableció en marzo pasado un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Representantes de Alemania, Holanda, Suiza, Uruguay y Noruega, entre otras naciones, recomendaron a la Argentina la implementación de políticas en torno al cuidado de la salud de las mujeres que deciden someterse a abortos no punibles.

El planteo fue realizado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), instancia en la que el secretario de Derechos Humanos nacional, Martín Fresneda, presentó este fin de semana un informe sobre la situación en la materia, señaló la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

"Las restricciones que persisten para el acceso a abortos no punibles, junto con la situación de violencia y hacinamiento en las cárceles, figuran como dos de las cuestiones más graves de la situación del país en los derechos humanos", dijo Paola García Rey, coordinadora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía, al finalizar la sesión realizada en la ciudad suiza de Ginebra.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Andrea Gualde, recordó que en la Argentina el acceso a métodos anticonceptivos es "gratuito, público y universal", y que el Ministerio de Salud elaboró un protocolo de acceso a abortos no punibles, comentó.

Por su parte, diez organizaciones defensoras de los Derechos Humanos presentaron un informe en el que resaltaron que "las altas tasa de mortalidad materna" tienen como "principal causa los abortos inseguros".

Además, reiteraron el pedido para que el Ministerio de Salud de la Nación ratifique por resolución la Guía técnica para la atención integral de los Abortos No Punibles.

El informe fue elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), entre otras.

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