El gobierno porteño deberá realizar un relevamiento geográfico, poblacional y social en el barrio, además de distintas reparaciones eléctricas y colocar contenedores. El gobierno porteño deberá realizar un relevamiento geográfico, poblacional y social en el barrio San Martín, Villa 31, al igual que distintas reparaciones eléctricas y la colocación de contenedores de residuos, según un fallo judicial.
El gobierno de Mauricio Macri fue intimado por la Justicia a realizar un relevamiento detallado de la Villa 31 que permita realizar obras postergadas en ese barrio porteño.

La justicia ordenó "la realización de un relevamiento geográfico, poblacional y social que establezca, en forma cierta y oficial, la superficie en que se asienta el barrio, la cantidad de personas y familias residentes en el lugar y su situación socio económica", precisa el texto judicial.

Asimismo planteó incorporar "este asentamiento al esquema de asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo que, la totalidad de las dependencias estatales, procedan a la incorporación del mismo para su esquema de servicios públicos ordinarios y de emergencia en forma inmediata".

El fallo, emitido del 14 de junio pasado por la jueza Elena Liberatori, especifica los términos de la medida cautelar que había dictado el 7 de marzo de este año en la causa "Bravo Francia José Manuel y otros c/ GCBA s/ Amparo", Expediente Nº A 277-2013/0, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las realización de esas obras, según informa Télam.

Asimismo, se dispuso la elaboración de "un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico en el barrio San Martin realizando las reparaciones urgentes que resultaren necesarias. En particular, realizar en forma urgente el recambio de los postes metálicos por postes de madera y provisión de alumbrado público básico".

El fallo decretó también que se deben colocar los contenedores de basura necesarios "los que deberán ser vaciados y limpiados en forma diaria" como incluir el barrio "dentro del actual recorrido de recolección de residuos que se realiza en el Barrio 31 y 31 bis".

AGUA POTABLE

Otra de las medidas que debe implementar el gobierno porteño a partir del fallo es la elaboración de "un plan de provisión de agua potable gratuita a través de camiones cisterna", aseguró a través de un comunicado la Agrupación Los Invisibles, que acompaña las acciones de los vecinos desde un Centro Cultural en el barrio.

A su vez, señaló que deberá cumplir con el compromiso asumido en la mesa de trabajo del 15 de mayo último, por el que puso a disposición del barrio un camión atmosférico por 40 horas mensuales.

En este marco de resoluciones, la sentencia ordenó dar por terminadas las mesas de trabajo convocadas por el Juzgado para que el Gobierno de la Ciudad comprometiera soluciones respecto a los planteos judiciales de los vecinos.

La magistrada había supervisado la realización de tres reuniones en las que juntó a representantes de los vecinos del barrio San Martín y a funcionarios del gobierno, para que se pusieran de acuerdo en la forma en que debía cumplirse con lo solicitado por los vecinos del barrio en la medida cautelar.

Al dar por finalizada las mesas de trabajo, Liberatori consideró que "resulta incuestionable la insuficiente voluntad por parte de la demandada de avanzar en la solución de los conflictos existentes".

Por su parte, Sebastián Zubizarreta de "Los Invisibles" aseguró que "la jueza levanta las mesas de trabajo y ordena directamente la ejecución de las obras; ahora hay que ver qué responde el gobierno de la ciudad".

En este sentido, recordó que "el fallo inicial de marzo no tuvo respuesta del gobierno, esperemos que no vuelva a pasar lo mismo", dijo tras señalar que este fallo vuelve a legitimar el reclamo del barrio, es decir que "por parte de la justicia hay un claro reconocimiento de los derechos de los vecinos".

Por el contrario, desde el gobierno "queda expuesta la absoluta falta de voluntad ya que ni siquiera ejecutaron alguna de las obras básicas", añadió.

La medida cautelar ordenada fue firmada por José Bravo Francia, Eduardo Quispe, Wilberto Tindel y Miguel Cruz en representación de los vecinos del barrio San Martín de la Villa 31, acompañada por la Agrupación "Los Invisibles".

La acción vecinal contó con el patrocinio letrado de Cecilia González de los Santos, titular de la Defensoría Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.