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Denuncian a las AFJP por fraude y la Justicia les prohíbe que operen durante una semana 

Economía

La justicia Federal ordenó a las AFJP que restrinjan sus operaciones por un lapso de una semana -incluida su operatoria en la Bolsa- como respuesta a la denuncia realizada hoy por el fiscal federal Guillermo Marijuan por haber liquidado presuntamente, en las últimas horas, bonos al enterarse que los beneficios previsionales pasarán a la órbita del Estado Nacional.

Marijuan atribuye a las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración pública.

La denuncia está contenida en 19 carillas y que quedó radicada ante el juez federal Claudio Bonadío, quien emitió una medida cautelar que prohíbe a las AFJP operar durante siete días.

Marijuan efectuó la denuncia en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), y en ella pide que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

La medida tomada por Bonadío había sido solicitada por el fiscal "ante la inminencia de que el Estado asuma la dirección de un sistema único de jubilaciones y pensiones, se impone la necesidad de ordenar a las Administradoras que se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran".

Esa medida fue requerida ante la posibilidad de que se ocasionen "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

Marijuan sostuvo que corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones "efectuar el debido control sobre las inversiones realizadas por las Administradoras hasta el día de la fecha".

El fiscal reclamó el allanamiento a las administradoras denunciadas para "asegurar la prueba documental de interés para la pesquisa", y que "se haga lugar a la medida de no innovar peticionada".

En base a informaciones periodísticas, el denunciante afirmó que el 77 por ciento de los 446.000 jubilados cuyos haberes son responsabilidad de las AFJP terminan siendo pagados con recursos del Estado, al tiempo que 33 mil personas que integran el sector pasivo y que están afiliadas a las AFJP reciben el total de un haber del Estado.

Ello es así "por cuanto sus aportes ya no existen más; 220 mil reciben la mitad; y para otras 100.000 una parte del haber es estatal; apenas 23 por ciento, es decir 103 mil jubilados cobran todo su haber de la AFJP", según reseñó.

"El nivel de títulos públicos que tienen las AFJP (cerca del 60 por ciento) se convirtió en 'un régimen de reparto caro, donde el Estado paga altas tasas de interés y los particulares grandes comisiones'", se afirma en otro de los párrafos de la denuncia.

Marijuan citó cables de agencias de noticias según los cuales "la actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado. El Estado tendrá que salir a rescatar de una forma u otra a los futuros jubilados del sistema".

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