Neuquén: Empresarios piden autorización al Gobierno para suspender a 5 mil petroleros

Economía

Desde la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales advirtieron que el derrumbe en el precio del petróleo podría afectar a más de 10 mil empleos. Harán presentaciones similares para Santa Cruz y Chubut.

La Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) solicitó autorización al Gobierno nacional para suspender a 5.000 trabajadores petroleros de Neuquén para paliar la situación del sector.

En una nota enviada el 21 de enero a los ministerios de Trabajo y de Energía y Minería, la entidad reclamó el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por la abrupta caída del precio del barril de crudo y las dificultades para sostener la actividad con elevados costos. "En la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios", alertaron los empresarios.

En diálogo con ámbito.com, desde la Cámara aseguraron que si la cartera laboral de Jorge Triaca acepta el PPC las cesantías se aplicarán de inmediato. "Todos ayudan de alguna manera. Las empresas de servicios pagan el 40% o 50% del sueldo y esperamos que las operadoras nos reconozcan algún costo. El Gobierno no cobra las cargas sociales y los trabajadores se quedan en sus casas esperando que haya un repunte para volver a trabajar", detallaron a este medio.

El PPC es una herramienta contemplada en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y se la conoce como la suspensión subsidiada. Nació durante los '80 con Raúl Alfonsín, se legisló en los '90 con Carlos Menem y se utilizó en las gestiones de Fernando De La Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La última vez en el sector de hidrocarburos fue en 2009, pero también se aplicó en la industria automotriz en 2012.

Los trabajadores alcanzados por la medida pasarán a cobrar alrededor del 60% de salario sin extras, ni viáticos, ni "horas-taxi". Las compañías dejarán de abonar las cargas por jubilación y obra social, pero mantendrán la contribución sindical. "El peligro es que la escalda siga, pero en el interín decidimos esto. O lo echamos o hacíamos esto", justificaron.

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