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Imputaron a Macri, Peña y Prat Gay por el blanqueo a familiares

13 de diciembre de 2016

La Justicia pidió abrir una investigación al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para que se determine si cometieron delito con el decreto que amplió la ley de blanqueo a familiares de funcionarios públicos.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió abrir una investigación al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para que se determine si cometieron delito con el decreto que amplió la ley de blanqueo a familiares de funcionarios públicos.

macri imputación por blanqueo.flv
De esta manera, el Presidente y los funcionarios quedaron imputadosen el marco de una denuncia por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete fue consultado sobre la imputación dispuesta por Marijuan. "Tenemos nuestra plena convicción que lo que se hizo como decreto de ampliación del tema de los familiares en cuando al blanqueo no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal", dijo Peña.

Los tres funcionarios fueron denunciados por diputadas del Frente para la Victoria y de Libres del Sur. "Solicitamos se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación", explicó María Emilia Soria, del FpV.

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La diputada Victoria Donda y sus compañeros de bancada Federico Masso y Graciela Coussinet también habían presentado una denuncia penal ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, por "la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 del Código Penal".

El Decreto 1.206/2016 publicado en el miércoles 30 de noviembre hablita a blanquear bienes y tenencia de monedas a los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos pueden justificar que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

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