La denuncia por el blanqueo a familiares queda para febrero

10 de enero de 2017

La jueza en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán rechazó tratar durante la feria judicial un pedido contra el DNU del presidente Mauricio Macri.

Se trata del decreto por el cual se permite a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales.

El diputado nacional de Frente Renovador Felipe Solá había solicitado que se disponga la inconstitucionalidad del decreto y que el caso sea tratado durante la feria de verano debido a la urgencia de la cuestión.

Para la jueza, el caso no está dentro de las urgencias para tramitarse durante el receso judicial
de enero.

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"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con carácter restrictivo y que las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial", dice la resolución.

Solá presentó un amparo en el que solicitó la inconstitucionalidad del decreto 1206/2016 que le permitió a familiares de los funcionarios del gobierno nacional ingresar al blanqueo de capitales y que se dicte una medida cautelar frenando el mismo.

No es la única causa iniciada, ya que la asociación civil "Abogados por la Justicia Social" también inició un reclamo. En los dos expedientes ya se le pidió al gobierno que presente un informe sobre la demanda por el decreto.

Además hay causas penales, en una de ellas el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió abrir una investigación al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay para que se determine si cometieron delito con el decreto que amplió la ley de blanqueo a familiares de funcionarios públicos.

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De esta manera, el presidente y los funcionarios quedaron imputados en el marco de una denuncia por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Solá sostuvo en su presentación que el decreto, firmado por Macri, el jefe de Gabinete, y Prat Gay, viola la ley 27.260 de blanqueo que el Congreso aprobó en mayo.


Solá pidió que el caso se trate durante la feria judicial al advertir que se trata de un caso urgente porque el blanqueo finaliza el 31 de marzo. Pero la jueza rechazó la solicitud.

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