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Procesaron a Hebe y a Schoklender por desvío de fondos públicos

15 de mayo de 2017

El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi dictó el procesamiento en la causa en la que se investiga el millonario desvío de fondos de la fundación Sueños Compartidos. La medida alcanzó al ex secretario de Obras públicas José Lopez y a Pablo Schoklender.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este lunes el procesamiento de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el ex apoderado de la Fundación Sergio Schoklender, su hermano Pablo, entre otros acusados por el desvío de más de 206 millones de pesos de la entidad en el marco del Programa Sueños Compartidos.

El magistrado dispuso la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y de los funcionarios provinciales y municipales indagados.

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Para el juez, Hebe de Bonafini conocía los demanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación.

En un fallo de más de 552 páginas, el juez dictó los procesamientos por el delito de defraudación a la administración pública que alcanzó además al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y Abel Fatala.

Se trata de una defraudación en relación con los financiamientos concedidos por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas que fueran adjudicadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del proyecto “Misión Sueños Compartidos”.

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Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la Fundación, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución, y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en las arcas de la institución, desviaron la suma de $ 206.438.454,04, que canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras), o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro (como, por ejemplo, “Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A.” y “Agropecuaria Monte León S.A.”, vinculadas a Guillermo Alejandro Greppi).

En ese orden, se señaló que el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la “Asociación Madres de Plaza de Mayo” cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y al infiel desempeño de José Francisco López y Abel Caludio Fatala –quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado- quienes, amparándose también en la notoria trascendencia de la institución, articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales fueran adjudicadas en forma directa a la FMPM.

Por el mismo hecho se dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de Hebe María Pastor, a quien se consideró partícipe necesaria de la maniobra, en tanto se valoró que conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la FMPM que ella misma había instituido, y que, en esa línea, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa “Meldorek S.A.” de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación.

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Por otra parte, se sometió a proceso a Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrián Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Manuel Camet, Daniel Laurenti, Mariano Moncada, Pablo Javier Sette, Adolfo Daniel Bus, Christian Ariel Terdjanian, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi, por el delito de lavado de activos, en la inteligencia de que las distintas operaciones financieras, inmobiliarias y comerciales acreditadas en la causa y en las que éstos tomaron intervención, tuvieron como finalidad la de dar apariencia lícita al dinero espuriamente obtenido.

Finalmente, se dispuso la falta de mérito de Julio Miguel De Vido y de los funcionarios provinciales y municipales indagados, porque se entendió que existían circunstancias aun no esclarecidas en el expediente que resultaban determinantes para analizar sus situaciones en el proceso.

Se trata de una causa que se inició en 2011 que estuvo en manos del ex juez Norberto Oyarbide, y quien fue apartado de la misma por las irregularidades cometidas.

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