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Presentan proyecto de ley para aliviar la dura carga de ser inquilino en la Ciudad

15 de junio de 2017

La iniciativa redactada por distintas organizaciones estatales y de la sociedad civil propone una serie de modificaciones en la relación entre los inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

Un grupo de organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones estatales presentaron este jueves en la Legislatura porteña un proyecto de ley que apunta a proteger a los inquilinos frente a los abusos que deben enfrentar a la hora de alquilar un lugar donde vivir en la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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Según consigna el portal Nueva Ciudad entre los puntos más destacados del proyecto se estipula la eximición del pago de la comisión inmobiliaria a los inquilinos. En su lugar será el propietario el que deba hacerse cargo de dicho gasto.

También establece que la comisión inmobiliaria tendrá un tope del 4,15% sobre el monto total del contrato. Sobre la base de un contrato de 24 meses ese monto equivale al alquiler de un solo mes.

La iniciativa dispone además que la certificación de firmas y los informes de dominio previos a la firma del contrato deben ser gratuitos para el inquilino al tiempo que prevé la creación de agencias gubernamentales de asesoramiento para los inquilinos con presencia en todas las comunas.

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Según datos oficiales de 2015, más del 35% de los hogares porteños está ocupado por inquilinos. Hace 15 años ese porcentaje era del 22%.

El proyecto prevé también un sistema de sustitución de garantías para inquilinos Para los inquilinos que trabajan en el Estado de la Ciudad se implementaría un "Sistema de Pago Asegurado", por el que podrán optar en reemplazo de la garantía propietaria quienes suscriban contratos de alquiler, que asegura más eficazmente el cobro a los propietarios, al mismo tiempo que facilita el acceso a la vivienda a los inquilinos.

Este sistema podrá extenderse a inquilinos en relación de dependencia en empresas privadas, y se dispone la creación de un sistema alternativo que permita que los trabajadores informales y monotributistas el acceso a garantías que les permitan alquiler.

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El proyecto establece además un sistema de prevención de discriminación de modo que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo sean considerados "actos discriminatorios" en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).

Se propone también un contrato modelo de alquiler de referencia de modo de eliminar las cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos que suelen incluir los contratos tipo que proponen las inmobiliarias, y se incluye la obligación del Poder Ejecutivo de establecer un sistema de difusión e incentivos para que este modelo sea utilizado.

La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a implementar una campaña masiva de difusión de los derechos de los inquilinos y de los canales institucionales existentes para denunciar incumplimientos.

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