La Justicia declaró nulos los aumentos del peaje en la Ciudad

05 de julio de 2017

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori declaró la nulidad de los aumentos en los peajes de las autopistas de la Ciudad y dispuso que en el plazo de cinco días, la demandada, Autopistas Urbanas Sociedad Anómina (AUSA), entregue un nuevo cuadro tarifario.

La resolución fue adoptada en una acción de amparo promovida contra AUSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los legisladores locales del Frente para la Victoria (FPV) José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, quienes pidieron la nulidad del decreto que autorizó el aumento del 17 de febrero pasado.

Según los demandantes el aumento que en algunos casos superó el 80 por ciento es "excesivo", si se lo compara con la inflación proyectada para el año en curso (17 por ciento) o el aumento concedido a los trabajadores de ese sector (20 por ciento), cuyos salarios, según la propia demandada admitió en una audiencia pública celebrada en abril pasado, constituyen sus principales costos.

Liberatore señaló que los datos aportados por AUSA a la causa no permiten justificar un aumento de la magnitud como el que se aprobó a través del decreto 72/2017 para la recomposición tarifaria de los peajes.

La magistrada consideró que para implementar una recomposición de la tarifa hay que tener en cuenta la estructura de costos específicos de la empresa, pero advirtió que AUSA no aportó información suficiente sobre esa situación.

Los demandantes advirtieron que en el caso de la autopista Illia, se carece de datos detallados sobre gastos, "lo que evidenció la falta de transparencia en el proceso de ajuste tarifario, al privar a los usuarios y la comunidad de toda esa información pública y que debió haber sido de fácil acceso".

La sentencia, según fuentes judiciales, no pretende dejar sin readecuar la tarifa de peaje durante el año en curso, pero si poner de resalto que el aumento implementado no es justo, ni razonable, y la tarifa debe ser debidamente reajustada de acuerdo al marco legal y constitucional vigente.