Denuncian al titular de la Anses por fraude en la compra de deuda

12 de julio de 2017

La fiscalía pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en los delitos de "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público", "negociaciones incompatibles" y "defraudación por administración fraudulenta".

La Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (UFISES) denunció este miércoles penalmente al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, y otros cuatro funcionarios por supuesto fraude en la compra de deuda de empresas energéticas de Marcelo Mindlin y Jorge Brito. Se trata de las firmas Pampa Energía y Genneia.

La presentación de la Unidad Fiscal fue realizada ante la Cámara Federal y recayó por sorteo, con el número 9655/2017, en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

La fiscalía especial que encabeza Gabriel De Vedia pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en los delitos de "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público", "negociaciones incompatibles" y "defraudación por administración fraudulenta".

También fueron denunciados los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica, Sebastian Galiani, Juan Martín Monge, Subdirector Ejecutivo de Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

En la denuncia se pidió que se investiguen supuestas irregularidades en las compras que en enero pasado hizo el FGS de Obligaciones Negociables, o títulos de deuda, de dos empresas energéticas: Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Genneia, en la que participaría Jorge Brito, por alrededor de 540 millones de pesos.

El directorio de la ANSES aprobó aquella operación en marzo pasado pero el acta informativa de esa decisión se publicó recién en junio pasado, según publicó el portal nuestrasvoces.com.ar., de acuerdo a la denuncia.

Según ese portal, Pampa Energía recibió 15 millones de dólares; Genneia otros 20 millones de dolares. Ambas tienen una calificación que las define como inversiones especulativas. Es decir, el Gobierno puso dinero de la seguridad social (lo que mediática y erróneamente se llama "la plata de los jubilados") en una inversión técnicamente de riesgo.