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Fiscales piden que se elabore un nuevo protocolo de seguridad presidencial

26 de julio de 2017

En un escrito advirtieron que los incidentes registrados en Mar Del Plata, Villa Traful y hasta en la puerta de la Casa Rosada evidencian "un patrón de falta de cumplimiento de un mínimo de rigor profesional" en los responsables por la seguridad del Presidente.

Una comisión de fiscales solicitó la detención e indagatoria del hombre que habría arrojado la piedra que impactó en la ventanilla del vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri en diciembre pasado en una visita oficial a la localidad neuquina de Villa Traful. En tanto pidieron requerir a la secretaría de la Presidencia la elaboración de un protocolo sobre presupuestos mínimos de seguridad del mandatario, en un plazo de 72 horas.

"La negligencia y falta de coordinación durante los hechos se repite en esta causa como en los hechos de Mar del Plata y los de la Casa Rosada, lo que demuestra un patrón de falta de cumplimiento de un mínimo rigor profesional", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, en referencia a episodios que dan cuenta de la falencias en la seguridad de Macri.

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Los fiscales Mónica Cuñarro, Marcelo Molina y Alejandro Cantaro, integrantes de la Comisión de Fiscales que colabora con la Fiscalía Federal de Zapala a cargo de Karina Stagnaro hicieron el pedido en la investigación de los incidentes ocurridos el 28 de diciembre pasado durante la visita oficial.

Además, requirieron que se arbitren las medidas necesarias para identificar a un sujeto que provocó roturas en el helicóptero destinado al traslado del primer mandatario.

El 28 de diciembre de 2016 el presidente se dirigía a encabezar un acto oficial -la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística de la localidad de Villa Traful, provincia de Neuquén- cuando, de manera imprevista, modificó su itinerario para visitar una fábrica de alfajores ubicada a unos mil metros.

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De regreso y ya rumbo al acto, a la altura de la ruta provincial 65 se produjeron incidentes con un grupo de entre 15 a 20 personas identificadas con pecheras de ATE, quienes realizaban una protesta contra la presencia del jefe de Estado. En ese contexto, el vehículo que trasladaba al primer mandatario sufrió la rotura de dos ventanillas traseras, aunque no se registraron heridos entre quienes ocupaban el rodado.

En forma posterior, alrededor de las 10.10 horas, en momentos en que la comitiva oficial se trasladaba al acto, ese grupo de 15 manifestantes se dirigió al área improvisada para el aterrizaje del helicóptero presidencial y -desde unos 30 metros- arrojó piedras y objetos contundentes a las aeronaves, logrando impactar a la aeronave al tiempo que continuó su marcha hacia el lugar de despegue. Como consecuencia del forcejeo, un agente asignado a la seguridad del helipuerto sufrió una lesión leve en el labio superior, mientras que la aeronave sufrió daños menores provocados por el impacto de algunos proyectiles.

Tras un conflicto de competencia, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, a cargo de Silvina Domínguez. La magistrada delegó la investigación a la fiscal federal de esa jurisdicción, Karina Stagnaro, quien desde un primer momento solicitó la colaboración de la Comisión de Fiscales.

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Desde entonces, se llevaron a cabo una importante cantidad de medidas de prueba tendientes a esclarecer el hecho e identificar a los agresores.

Según publicó el sitio fiscales.gob.ar, además de identificar al presunto agresor, la investigación puso en evidencia las graves falencias e irregularidades registradas en el operativo que debía garantizar la seguridad presidencial, y de las distintas medidas implementadas inmediatamente después de los incidentes.

En este sentido, el dictamen de los fiscales destaca que se asignaron un total de 29 de efectivos para una manifestación protagonizada por menos de 20 personas, ello sin contar todo el personal superior y el grupo especial. Es decir, las fuerzas destinadas más que duplicaban en número a quienes llevaban a cabo la protesta, pese a lo cual no pudieron limitar su accionar.

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"La negligencia y falta de coordinación durante los hechos se repite en esta causa como en los hechos de Mar del Plata y los de la Casa Rosada, lo que demuestra un patrón de falta de cumplimiento de un mínimo rigor profesional", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia, remitieron a la Secretaria General de la Presidencia -de quien depende Casa Militar- el diseño de un Protocolo Administrativo de Seguridad que contenga los presupuestos mínimos para la seguridad del primer mandatario, tanto en el procedimiento administrativo como en la instrumentación normativa de una política pública.

De tal forma, aseguraron, sería posible atribuir responsabilidades en casos de incumplimientos injustificados de la Casa Militar o la Custodia Presidencial o excesos en los estándares exigibles o permitidos al Poder Ejecutivo. "De no adecuarse de manera correcta las medidas extremadamente necesarias para la seguridad tanto del Presidente como de los bienes del Estado, tal omisión acarreará inevitablemente consecuencias en el ámbito judicial", indicaron.

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"Se advierte que delante de la camioneta en la que se desplazaba el presidente de la nación iban un patrullero y dos motos. Los efectivos provinciales no detuvieron al autor de los hechos ni identificaron al otro, sino que luego de cinco meses una comisión ad hoc sin estructura ni personal tuvo que desplegar peritos, producir prueba y hasta enviar personal a realizar tareas de inteligencia para reconstruir el hecho a miles de kilómetros y así determinar un hecho punible", concluyeron.

La Comisión de Fiscales fue creada en agosto del año pasado y tuvo intervención en los hechos sucedidos en Mar del Plata en agosto de 2016.

El equipo tiene facultad para recabar y sistematizar información sobre casos judiciales vinculados con hechos y "coadyuvar con los fiscales de este organismo que intervienen en las investigaciones por hechos de estas características, en caso de serles requerido, y aportarles la información judicial colectada".

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