La Ciudad no descarta aplicar sanciones a metrodelegados

10 de agosto de 2012

El subsecretario de Trabajo de la administración macrista efirmó que si los sindicalistas no acatan conciliación obligatoria se analizarán qué "sanciones van a tener".

El subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, adelantó este viernes que si los metrodelegados del subte no acatan la conciliación obligatoria dictada por esa cartera, se analizará "cuáles son las sanciones que van a tener".

De todos modos, Sabor se manifestó esperanzado en que "sea positiva" la reunión que se realiza desde las 10 en la sede de la subsecretaría, a la que fueron invitados la empresa concesionaria del subte, Metrovías, y los delegados de los dos gremios que nuclean a los trabajadores: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP).

Antes de ingresar al encuentro, el funcionario capitalino indicó a la prensa que en caso de "una no aceptación de la conciliación, pasaremos a analizar las medidas que tengamos que tomar. Si no sucede, analizaremos posteriormente cuáles son las sanciones que van a tener" los trabajadores.

Los "metrodelegados" cumplen el séptimo día de paro mientras debatían si aceptan o no la conciliación obligatoria dictada anoche por el gobierno porteño.

Anoche, después de las 22, la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, pero el paro seguía esta mañana.

Los gremialistas agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que reclaman un 28% de incremento salarial, debatían esta mañana si continuaba la huelga.

A las 10 está prevista una reunión entre los representantes de los empleados y la empresa Metrovías, en la Subsecretaría de Trabajo, para intentar destrabar un conflicto.

Así lo confirmó a Radio 10 el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien señaló que "la información que tenemos es que no se ha restaurado el servicio y que alguna parte de los trabajadores no ha concurrido a su trabajo y que otros han concurrido, pero no pueden cumplir con el servicio por razones fácticas".

El funcionario reiteró la postura del gobierno de Macri  de no hacerse cargo del servicio y afirmó que solicitará que la Justicia pida "la intervención de autoridades nacionales" si no prospera una solución al conflicto.

Explicó que según la visión del Gobierno porteño, "hay una empresa, que es la empleadora, y un conjunto de trabajadores con los que hay una relación laboral", y que debido la medida de fuerza surgió por los "reclamos que hizo una de las dos representaciones gremiales. Una está inscripta y  autorizada como personería gremial y otra que no. En concreto es una cuestión propia entre la empresa, sus trabajadores y sus representantes.

"Mi impresión personal es que hay un contexto de conflicto político entre dos jurisdicciones por el servicio del transporte subterráneo y otro conjunto de temas, por la multiplicidad de conflictos que hay entre el gobierno nacional y el de la Ciudad", resumió Conte Grand.

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