Coparticipación: la Corte intervendrá por la baja de Córdoba

14 de agosto de 2012

La primera citación por el abandono al Pacto Fiscal firmado hace dos décadas llegará en septiembre. La semana pasada, la Legislatura cordobesa aprobó dejar de enviar el 15% de los recursos.

La Corte Suprema de Justicia convocará para septiembre a representantes de la Nación y Córdoba a una audiencia de conciliación por el reclamo que el gobernador José Manuel de la Sota presentara luego de que se aprobara el abandono del Pacto Fiscal firmado hace veinte años.

Fuentes del tribunal indicaron que la audiencia tendría lugar a mediados de setiembre y de su resultado dependerá el destino del 15% de la masa de recursos coparticipables, destinados desde agosto de 1992 al financiamiento de la ANSES, y que en el año en curso superarían los 40 mil millones de pesos, de los que 23.600 millones corresponden a aportes de las provincias.

La decisión de la Corte se dio a conocer poco después de que uno de sus integrantes, Eugenio Zaffaroni, planteara que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y Santa Fe son de "raíz política" y por ende debían dirimirse en una mesa de negociación.

"El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro, nosotros con una sentencia no podemos resolverlo", alegó el magistrado. La postura de Zaffaroni fue criticada por el ex candidato a presidente del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, quien se preguntó con ironía si las provincias debían recurrir "a la Luna".

Precisamente, Binner, cuando era gobernador de Santa Fe, también recurrió a la Corte Suprema por entender que la validez del Pacto Fiscal había caducado en 2005, pero las audiencias no prosperaron porque no concurrió el representante de la Nación, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.

La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos estableció en 1988 que de la masa de recursos total se destine el 42,34% a la Nación, el 56,66% a las provincias y un 1 por ciento a los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

El Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992 respetó esos porcentajes, pero estableció que antes del reparto se destinara el 15% de la masa coparticipables al sostenimiento del sistema previsional, en atención a que por entonces se planeaba transformar el régimen de reparto en uno de capitalización, algo que ocurrió en julio de 1994.

De ese 15%, las provincias aportan 8,499 puntos y la Nación los 6,501 restantes, pero en este último caso representa una transferencia dentro del mismo Estado Nacional.

Desde que el sistema previsional volvió a ser íntegramente estatal a partir de noviembre de 2008, existen dos posiciones acerca de cuál debe ser el destino de ese 15%.

Una postura entiende que los recursos deben volver a las provincias porque ya no está vigente la razón del aporte, que era la financiación de la transición de un sistema previsional a otro.

Pero desde la Nación se advierte que en el Pacto Fiscal se hace referencia al "sostenimiento del sistema previsional" sin especificaciones y además se hace mención a "otros gastos operativos".

De acuerdo con un cálculo de la consultora Economía & Regiones, entre 2000 y 2012 las provincias habrán aportado a la ANSES más de 108 mil millones de pesos a valores corrientes.

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