Eduardo Constantini criticó la iniciativa para que countries aporten tierras

19 de octubre de 2012

Eduardo Constantini, dueño del barrio cerrado, opinó que la iniciativa que obliga a ceder terrenos para la construcción de viviendas sociales busca "castigar la tenencia de tierras".

Constantini consideró que la iniciativa, que recibió este jueves media sanción en la Cámara de Disputados provincial, "toma a la tenencia de terrenos como una actividad especulativa", cuando "en realidad es una forma de ahorro".

"La tenencia de terrenos es la forma de acceder a la vivienda final, se la castiga como si fuese una inversión especulativa y estamos perdiendo la percepción de que es una forma de ahorro", sostuvo Constantini.

El proyecto de ley que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia de Buenos Aires, y que prevé que los grandes desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales, fue aprobado este jueves por la noche en la Cámara de Diputados bonaerense.

La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado provincial, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo sancionada en 1977 para "abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional, desalentando las prácticas especulativas" sobre la tierra.

La norma fue respaldada por los legisladores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista Alicia Sánchez, Alberto España y Guido Lorenzino; de la Coalición Cívica Walter Martello; de Alternativa Peronista, Ricardo Lissalde; de Radicales del Pueblo, Carlos García; del Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago; del Pro Peronismo, Marcelo Di Pascuale; de Nuevo Encuentro, Adrián Grana; de la Unión Cívica Radical, Walter Carusso; y de Proyecto Bonaerense, Jorge Solmi.

Entre los aspectos principales, la ley promueve la generación y facilita la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; el abordaje integral de la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas; y la búsqueda de nuevos recursos a través de instrumentos que permitan.

Sectores disidentes del radicalismo, Unión Pro y Celeste y Blanco se resisten a avalar el proyecto por considerar que "afecta libertades individuales y vulnera la constitución", dijo Aldo Mensi (UCR). El punto más polémico de la iniciativa radica en que los grandes emprendimientos urbanísticos privados nuevos deban ceder tierras a los municipios para viviendas sociales.

Pero ésa no es la única posibilidad. De aprobarse el proyecto, los desarrolladores tendrán que aportar terrenos para la construcción de viviendas sociales o bien pagar un equivalente en pesos para la adquisión de tierras; o desarrollar infraestructura básica para la zona, como nuevas rutas y red de agua, entre otras.

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