Dólar

Les rechazan amparo por dólar y deberá pagar hipoteca al valor "contado con liqui"

24 de octubre de 2012

La Justicia platense rechazó una medida cautelar para la compra de divisas pedida por un matrimonio, que ahora deberá cancelar el crédito a la cotización del dólar "contado con liqui".

La novedad en este caso es que, según se había estipulado en el contrato de venta de la propiedad, las cuotas adeudadas deberán ser canceladas a la cotización del dólar "contado con liqui", que hoy se negocia en torno a 6,45 pesos.

La Sala Uno del tribunal de alzada consideró que en este caso "no está configurado el peligro de la demora que requiere ese tipo de medidas", es decir una medida cautelar, se informó este miércoles en los tribunales.

Los integrantes del matrimonio había alegado que "con la suma percibida a través de un mutuo hipotecario en pesos adquirieron un inmueble por la suma de 130.000 dólares" con un anticipo y luego en cuotas, la primera de las cuales venció el 30 de septiembre de 2011.

En el contrato de compra venta se estableció "que la deudora efectúe todos los pagos en la misma moneda -dólares estadounidenses- que se pactó como precio del inmueble" y que no transformarán ni convertirán la deuda de dólares en pesos.

Otra cláusula del acuerdo estableció que "si la entrega en dólares se hiciere de cumplimiento imposible por causas ajenas a la voluntad de la deudora, la acreedora podrá optar porque la obligación sea satisfecha en la cantidad de pesos, o la moneda que lo sustituya, en cantidad suficiente como para comprar en la plaza de Nueva York, Estados Unidos, la cantidad de dólares adeudados".

En su fallo, los camaristas César Álvarez y Julio Víctor Reboredo señalaron que "cuando la medida cautelar se intenta contra la administración pública es necesario que la arbitrariedad del acto cuestionado sea notoria, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible".

"Los recursos administrativos y las acciones judiciales mediante los que se discute la validez de los actos administrativos, en principio, no suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la excepcionalidad de las medidas cautelares", añadieron.

Destacaron que en los litigios dirigidos contra la administración pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas precautorias, se requiere, como requisito específico, que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia.

"No aparece configurada la existencia de 'peligro en la demora' que genere al requirente la producción de perjuicios cuya reparación se torne dificultosa o imposible", indicaron.


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