Procuración opinó que la Corte no tiene competencia sobre el memorándum

10 de abril de 2013

La procuradora Alejandra Gils Carbó sostuvo que debe rechazarse la presentación de agrupaciones de abogados para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.843.

La Procuración General de la Nación se pronunció en contra de que la Corte Suprema de Justicia asuma la competencia en el marco de una acción de amparo interpuesta contra el "memorándum de entendimiento" entre Argentina e Irán sobre al atentado a la AMIA ocurrido en 1994. 

El dictamen, que no es vinculante para la Corte, fue firmado por la procuradora Alejandra Gils Carbó  que sostuvo que debe rechazarse la presentación efectuada por agrupaciones de abogados  para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.843.

"Opino que V.E. debe declarar la incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender en forma originaria en este juicio, sin perjuicio de lo expuesto sobre la falta de legitimación de los actores", concluyó la Procuradora luego de dar a conocer los fundamentos de su decisión.

Para la Procuradora, "no corresponde a la competencia originaria de la Corte, dado que la presente causa no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, no es parte de una provincia, y no se dan las circunstancias que la habilitan de conformidad con los arts. 1° de la ley 48, 2° de la ley 4.055 y 24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58".

"La facultad de los particulares para acudir ante los jueces en procura de la tutela de los derechos que les asisten no autoriza a prescindir de las vías que determinan los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias para el ejercicio de la competencia que aquélla otorga a la Corte. En este sentido, según el criterio adoptado por el Tribunal desde el antiguo precedente `Sojo`, publicado en Fallos:32:120, la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional es de índole taxativa y no puede ser extendida por persona o poder alguno", dice el dictamen al que tuvo acceso minutouno.com.

Gils Carbó recordó que la competencia originaria en asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules está rigurosamente restringida a los supuestos en que sea parte, ya sea como actor o demandado, un agente extranjero que goce de status diplomático y no puede ampliarse, restringirse ni modificarse.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la legitimación no puede estar fundada en 
el mero interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes, "sino que requiere la existencia de un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos"

"Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura", sostuvo la Procuradora al rechazar la legitimación de los amparistas.

Días atrás la Corte Suprema pidió a la Procuración General de la Nación que dictamine sobre la acción de amparo presentada por una agrupación de abogados contra el "memorándum de entendimiento" entre Argentina e Irán sobre al atentado a la AMIA .

Así cumplió la Corte con el primer paso que es dar vista a la  procuradora Alejandra Gils Carbó  sobre la presentación efectuada  por la Agrupación Abogados en Propuesta Peronista (Aprope) entre otros para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.843.

En la presentación, Aprope advirtió que se llegó a un "memorándum de entendimiento", para establecer una "Comisión de la Verdad" con un país que "debe ser considerado sospechoso de promover, autorizar o encubrir, una masacre de tales dimensiones contra nuestro país".

La agrupación recordó que "entre los imputados, con solicitud de captura internacional a Interpol, se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní".

Entre sus aspectos más destacados, el acuerdo aprobado por el Congreso Nacional,  dispone la creación de una "Comisión de la Verdad" y habilita a las autoridades judiciales argentinas a viajar a Teherán para interrogar a los acusados iraníes por el atentado terrorista a la mutual judía perpetrado el 18 de julio de 1994.




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