Se trata de una reforma constitucional encubierta

La senadora de la Coalición Cívica asegura que el paquete de proyectos para reformar la justicia "destruye la división de poderes" en pos de garantizar la impunidad al gobierno nacional.

Escribe María Eugenia Estenssoro (*)

Esta es una reforma constitucional encubierta, implícita, que destruye la división de poderes y la independencia de la Justicia. Quienes votaron esta ley han cometido un acto de gravísima traición a la Patria en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional al otorgarle la suma del poder público al Poder Ejecutivo para  garantizarle impunidad.

Como el gobierno no puede reformar la Constitución, porque no tiene los dos tercios de los votos necesarios ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ha encontrado este atajo. En primer lugar se busca reemplazar el artículo 1° de la Constitución. Se lo va a violar ya que se está modificando el sistema representativo y republicano de nuestra Constitución, dado que este se basa en la independencia del Poder Judicial, en la división de poderes y en el control de unos poderes a otros, lo que se va a modificar sustantivamente.

En segundo lugar, también se viola el artículo 114 de la Constitución –se lo sustituye por otro–, se cambia de régimen porque ese artículo –que creó el Consejo de la Magistratura en 1994– quería subsanar una debilidad de nuestro Poder Judicial, una debilidad histórica de ser dependiente, estar demasiado controlado o ser débil frente al poder político y, obviamente, frente al poder de facto de los gobiernos militares, pero también de los gobiernos elegidos democráticamente.

Por eso, en 1994 se decidió introducir este instrumento, crear este organismo, para que haya una selección más transparente, meritocrática, y que le dé mayor legitimidad e independencia al Poder Judicial, tanto para su elección como para su remoción. Ahora, con esta elección, se modifica completamente ese equilibrio y el 70 por ciento de los consejeros va a depender y va a estar en la boleta del partido de la mayoría. O sea que el Consejo de la Magistratura, más que velar por la transparencia, idoneidad e independencia del Poder Judicial, va a ser una comisaría política o un tribunal popular que va a estar ahí para controlar a los jueces y sus sentencias que cuando no agraden al Poder Ejecutivo podrán ser removidos fácilmente por simple mayoría. Este es un cambio de sistema político muy grave.

El fin último de esta reforma judicial es garantizar la total impunidad de este gobierno. Hay una relación muy cercana entre este control hegemónico del poder político, del desmantelamiento del debate y la discusión en el Congreso de la Nación, y ahora el sometimiento del Poder Judicial.

La ley de Medios y ahora esta ley del Poder Judicial, se dice, son para luchar contra las corporaciones que tienen impunidad y privilegios judiciales. Pero, en realidad, en este sistema argentino que se ha ido agravando década tras década hay un maridaje, una connivencia, una identidad total entre la corporación política que da impunidad legal y política a los negocios, los negociados, los gobernantes y los contratistas del Estado, los amigos del poder, las corporaciones políticas.

(*) María Eugenia Estenssoro es senadora nacional por la Coalición Cívica

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