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Confirman multa por $300 millones a cementeras por carterización

09 de mayo de 2013

La Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por las principales empresas del país contra las sanciones impuestas por prácticas anticompetitivas.

La Corte Suprema de Justicia  rechazó los recursos extraordinarios presentados por las principales cementeras del país contra las sanciones por más de 300 millones de pesos impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a raíz de la cartelización mediante acuerdo de precios y cuotificación del mercado.

El Centro de Información Judicial informó que la Corte desestimó los planteos de las compañías contra la sentencia que había confirmado una sanción impuesta por violación a la Ley de Defensa de la Competencia, mediante las cuales pretendían que se dejen sin efecto las multas.

El alto tribunal desestimó los recursos que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había presentado la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland en representación de las empresas Loma Negra, Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín.

El pronunciamiento de la Corte ratificó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que confirmó las sanciones de multa que les había impuesto la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación por violación a la Ley de Defensa de la Competencia.

La Cámara consideró probado que las empresas, líderes en el mercado de cemento portland, durante un extenso lapso habían concertado precios de venta de dicho producto con perjuicio para el interés general.

En consecuencia, también estimó que era adecuado el monto de las multas aplicadas, que ascendieron, en conjunto, a la suma de 308 millones de pesos.

La Corte, al desestimar los recursos, no hizo lugar a la pretensión de las empresas de que se revoque la sentencia de cámara y se deje sin efecto las multas.

La cartelización en que incurrieron las empresas les permitía un reparto del mercado, con precios preacordados –inclusive en licitaciones de obras públicas– durante un extenso período que se habría extendido al menos entre 1981 y 1999.

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