Dos juezas tratan la suspensión de la reforma del Consejo

27 de mayo de 2013

Una demanda presentada por el titular de la UCR, Mario Barletta, recayó ante María Servini de Cubría; mientras que la del Colegio de Abogados porteño en María Alejandra Biotti, quien ya había rechazado analizar la reforma al régimen de medidas cautelares.

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó este lunes la primera acción de amparo contra el sistema de elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, luego de que el Gobierno promulgara la ley.

El abogado, que interpuso la presentación en el fuero Contencioso Administrativo Federal, pidió el dictado de una medida cautelar para que se suspendan de inmediato los artículos de la ley cuestionados y que frene la elección popular.

Luego del sorteo de rigor, el caso recayó ante la jueza María Alejandra Biotti, noticia que no fue recibida con agrado por el Colegio de Abogados, ya que se trata de la misma magistrada que rechazó analizar un pedido contra la reforma del régimen de las medidas cautelares.

Otra presentación fue realizada por el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Barletta, directamente ante la jueza con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, que dirige el camarista de casación Luis Cabral también se opone a la reformay pidió a la justicia que suspenda algunos artículos de la nueva ley.

Cabral espera una resolución favorable porque la Constitución establece que los jueces elijan a sus representantes, expresó al anticipar que apelará a otras instancias en caso de que la medida cautelar interpuesta sea rechazada en primera instancia.

Por su parte, el abogado Rizzo formuló la presentación a título personal y con el acompañamiento del Colegio Público, para evitar de esa manera las cuestiones procesales mediante las cuales suelen desestimarse las acciones por "falta de legitimación", sin analizar el fondo de los planteos.

Para Rizzo, la reforma "consolida la injerencia absoluta del sector político, eliminando definitivamente el equilibrio por carencia de representación de los estamentos que deben conformarlo, llevándolo al extremo de trocar la esencia misma del Consejo, para convertirlo en un órgano politizado y partidizado por definición, al servicio de mayorías circunstanciales y sujeto a los vaivenes que los cambios de conducción generen en las elecciones nacionales".

 "Al exigir que la elección de los representantes de los jueces, los abogados y académicos se efectúe mediante el sufragio universal y simultáneamente con las primarias abiertas simultáneas y obligatorias obliga a sus postulantes a enrolarse o alinearse políticamente con algún partido afín y, desde ese lugar, formar parte de las decisiones cruciales que hacen a la integración del Poder Judicial", dice la presentación.

La acción está dirigida contra el Estado Nacional y según el texto, los  artículos que se impugnan comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado Nacional", sostiene la presentación.

El abogado advirtió que la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura "cercena el equilibrio y forma de integración amenazando la supervivencia del órgano, alterando indefectiblemente su naturaleza, autonomía funcional e independencia".

Rizzo pidió el dictado de una medida cautelar para que  sean suspendidos una serie de artículos de la norma, "a fin de impedir los graves perjuicios que la aplicación inmediata provoca, tanto de manera personal como en los derechos y garantías de todos los abogados matriculados".

"Detrás de la mal llamada 'democratización de la justicia' se oculta una verdadera reforma del plexo constitucional", lo que  "podría constituirse en un gravísimo precedente que vulneraría de manera crucial la característica de rigidez de nuestra Carta Magna vigente en ella más allá de todas sus reformas, desde 1853".

 La Federación de Colegios de Abogados (FACA), la Asociación de Magistrados y representantes políticos de la oposición ya anunciaron que presentarán amparos contra la reforma al Consejo.

Temas