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Dictarán las penas por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador

31 de mayo de 2013

En la causa está imputado el senador y ex presidente Carlos Menem, sus ex ministro de Defensa Oscar Camilión y otros diez acusados.

El senador nacional y expresidente de la Nación Carlos Menem, su ex ministro de Defensa Oscar Camilión y otros diez condenados recibirán este viernes sus respectivas penas a prisión por el mismo tribunal que los había absuelto en el juicio sobre contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Fuentes judiciales informaron que Menem, Camilión y otros enjuiciados fueron citados para las 9:30 a una audiencia en los juzgados de Comodoro Py 2002 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3), que vio revocada la absolución y dictará el monto de las penas por orden de su superior, la Cámara Federal de Casación Penal.

En el juicio que transcurrió durante tres años, de 2008 a 2011, y finalizó con los 17 acusados absueltos, la Fiscalía había pedido 8 años de cárcel para Menem, que tiene fueros parlamentarios y ahora deberá afrontar un pedido de desafuero por parte del TOF3, y 7 años de encierro a Camilión.

El 8 de marzo pasado la Sala I de la Cámara de Casación revocó las absoluciones dictadas por el TOPE3 y ordenó a los mismos jueces que ahora impongan las penas, las cuales podrían ascender de cuatro a 12 años de cárcel.

Menem y Camilión fueron condenados por Casación como coautores de contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador, de 1991 a 1994, junto al ex coronel del Ejército y supuesto traficante de armas Diego Palleros y los ex funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) Luis Sarlenga, Edberto González de la Vega, Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Manuel Cornejo Torino, Manuel Cornejo Torino y Teresa Irañeta de Canterino. Y además los ex funcionarios del área de Defensa Julio Jesús Sabra, Carlos Alberto Núñez, Haroldo Fusari.

Para los jueces del TOPE3 Luis Imas y Horacio Artabe, en cambio, la venta de armas no consistió, según habían resuelto en su sentencia, en un "acto de contrabando", sino que fue una "decisión de política exterior y un acto político no judiciable". En disidencia, el juez Gustavo Losada había votado por la culpabilidad.

Respecto del enjuiciado y ex militar Antonio Vicario, la Sala I decidió suspender el recurso de casación y remitir el caso al TOPE3 para que "resuelva si se encuentra prescripta la acción penal".

Los camaristas Eduardo Madueño, Luis María Cabral y Juan Gemignani dictaron las condenas "en función de la inserción de destinos falsos (Panamá en el caso de los decretos 1697/91 y 2283/91 y Venezuela en el caso del decreto 103/95) a efectos de ocultar a la Aduana los verdaderos destinos" Croacia y Ecuador.

A esos países que libraban guerras "se dirigían las exportaciones" de armamento y "en algunos casos", además, "existió aprovechamiento del especial procedimiento de exportación de material bélico secreto para cobrar indebidamente reintegros por elementos que eran usados y viejos".

En todos los casos el contrabando se consideró agravado por "tratarse de material bélico (artículo 867) y a su vez por la intervención de más de tres personas (artículo 865 inciso a) y por haberse realizado con la participación de funcionarios públicos (artículo 865 inciso b)", ponderaron los jueces.

Para la Sala I hubo "tres momentos históricos" en todo este caso y los separó así: "la suscripción (...) por Menem de los decretos mediante los cuales se autorizó la venta a Panamá y Venezuela"; "el embarque con un destino falso y de materiales no autorizados"; y "la percepción indebida de reintegros".

Los camaristas señalaron que entre el armamento exportado había "obuses italianos y cañones Citer que fueron retirados de unidades del Ejército argentino", a los cuales "se les suprimió la identificación y numeración", y "pólvora, municiones y armas viejas, de funcionamiento anormal y de uso prohibido por su peligrosidad". Por consiguiente concluyeron que "la imputación consiste en la burla a la fiscalización de la Administración Nacional de Aduanas de las operaciones de venta de material bélico" a países con los que estaba "prohibida" y se hizo en forma "clandestina", además de "beneficiarse con reintegros indebidos".

Además, para Madueño, Cabral y Gemignani en la ex Yugoslavia "se tuvo conocimiento de esta venta de armas a Croacia" y ello "puso en peligro a las tropas argentinas allí destacadas en función de garantes de paz por las Naciones Unidas".

El escándalo de la venta de 6.500 toneladas de armas, de 1991 a 1995 a Croacia y Ecuador, durante las guerras de los Balcanes y del Cenepa, respectivamente, saltó a la prensa porque la ONU había dictado un embargo para comercializar armamento a ambos países. Y la denuncia original fue radicada por el abogado porteño Ricardo Monner Sans.

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