Garantizarían el servicio de ómnibus ante un lockout

06 de junio de 2013

Funcionarios nacionales iniciarían acciones legales y penales contra las empresas en el caso que realicen alguna medida de fuerza.

El Gobierno nacional anticipó que tomará todas las medidas necesarias para intimar a las empresas de micros de larga distancia con acciones legales y penales en el caso de que realicen alguna medida de fuerza (lockout patronal) y garantizará junto con los trabajadores el servicio del transporte público

La decisión oficial se conoce un día antes de que concluya la conciliación obligatoria dispuesta el viernes último por el Ministerio de Trabajo en el marco de la discusión paritaria de los trabajadores y empresarios de micros de larga distancia. 

Así lo confirmó una fuente involucrada en las negociaciones a minutouno.com, tras la reunión que este jueves mantuvieron funcionarios de los ministerios de Seguridad y Trabajo y la secretaría de Transporte

El viernes pasado, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) acató la conciliación obligatoria, por lo que se levantó el paro de choferes de micros de larga distancia anunciado para ese día en reclamo del pago de un aumento salarial del 23 por ciento.

Ese mismo día, la Secretaría del Transporte intimó a las cámaras de transporte público de pasajeros a "abstenerse de toda medida que configure un incumplimiento al marco regulatorio que vincula al sector empresario con el Estado Nacional, en claro perjuicio de los usuarios de los servicios públicos involucrados y los trabajadores del sector".

En una nota enviada a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano de Jurisdicción Nacional de Pasajeros, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Secretaría les advirtió que de no prestarse el servicio serán "pasibles de la sanción de caducidad del permiso, demás acciones civiles y penales que por derecho correspondan".

Los empresarios aseguran que no cuentan "con los recursos para (satisfacer) el pedido del gremio", que exige un aumento salarial del 23 por ciento. A Transporte le resulta "sospechoso" que ningún empresario pueda cumplir con esa suba y consideran que se trata de una "decisión corporativa" con "cierta intencionalidad".







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