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La Corte Suprema decide sobre la reforma de la Magistratura

18 de junio de 2013

La semana pasada se había aceptado el "per saltum" pedido por el Gobierno luego de que la jueza Servini de Cubría declarara inconstitucional la elección de consejeros de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia admitió el jueves pasado el "per saltum" interpuesto por el Gobierno Nacional para resolver en forma "urgente" sobre la validez o no de la nueva ley que dispuso la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y que fue declarada inconstitucional por la jueza María Servini de Cubría.

El alto tribunal aceptó el recurso debido a la "gravedad institucional" del caso y suspendió los efectos de la sentencias de la jueza Servini de Cubría que declaró inconstitucional varios artículos de la nueva ley que reformó la Magistratura en el marco de dos acciones de amparo, hasta tanto el alto tribunal dicte el fallo.

En la resolución que acepta el recurso, la Corte remarcó que se encuentra en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas "que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados" y que "sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones", sostuvo la Corte.

La  Corte por "razones de urgencia" dispuso abreviar los plazos del proceso judicial a fin de dictar una resolución sobre la validez de la reforma impulsada por el gobierno que aumentó de 13 a 19 el número de los integrantes del Consejo de la Magistratura y dispuso su elección por voto popular.

"Las razones de urgencia que hacen procedente la via intentada, igualmente justifican que este Tribunal proceda a abreviar el plazo previsto para dar cumplimiento con el traslado legalmente contemplado, asi como habilitar días y horas para todas las actuaciones a que dé lugar la tramitación de los recursos", sostuvo la Corte.

Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18 Y 30 de la ley 26.855, y del decreto del Poder Ejecutivo N° 577/2013, en dos fallos, uno en un amparo interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo, como apoderado de la lista Gente de Derecho, y otro en un planteo de Carlos Traboulsi, del Partido Demócrata Cristiano.

"A juicio de esta Corte concurren los requisitos de marcada excepcionalidad que, con arreglo a lo dispuesto en el texto normativo aplicable, justifican habilitar la instancia del art. 14 de la ley 48 prescindiendo de la intervención previa del tribunal de alzada", es decir sin pasar por la Cámara Nacional Electoral.

"El planteo constitucional ventilado en estas actuaciones concierne de modo directo e inmediato a la composición de una de las autoridades de la Nación creada por la Constitución Nacional, que cuenta con atribuciones de alta significación en el estado constitucional (art. 114). A lo expresado se suma que la sentencia recurrida trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, circunstancia  de gravedad institucional. Por último, al encontrarse en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados, sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones", sostuvo la Corte.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ya había anticipado que apenas llegara una causa el máximo tribunal los jueces se abocarían "de inmediato" a tratar el tema ante la inminencia de las elecciones y el vencimiento del cronograma electoral.