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Odebrecht: el juez Rafecas citó a indagatoria al ex ministro Julio De Vido

06 de octubre de 2017

En la causa se investiga el supuesto pago de coimas, a través de intermediarios, a funcionarios argentinos por parte de Odebrecht para la adjudicación de obras públicas.

El juez federal Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa por supuestas irregularidades en el "Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008", una obra pública que contaba con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a la sospechada firma Odebrecht. También citó a otros tres exfuncionarios.

La indagatoria a De Vido fue fijada para el 5 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py.

Odebrecht ganó la licitación para la ampliación de gasoductos 2006-2008

Rafecas dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria de seis imputados, entre ellos cuatro ex funcionarios públicos: Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal; Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles.

La justicia sospecha que los citados funcionarios, junto a directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) –Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat-, también citados a indagatoria, intervinieron, en calidad de autores y/o partícipes según cada caso, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Las citaciones se concretarán entre el 27 de noviembre y 5 de diciembre.

La justicia investiga si la empresa brasileña pagó coimas a funcionarios argentinos a través de intermediarios

Rafecas se hizo cargo de esta causa en mayo de este año. Entre la documentación analizada, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas (incluyendo un "memorándum de entendimiento" entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de las cuales surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado -en forma previa- a la adjudicación del negocio a Odebrecht. Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación, según la resolución.

La Justicia sospecha que el ex ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a "licitación privada" a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.

Rafecas remitió a su colega Marcelo Martínez De Giorgi la investigación sobre el posible pago de sobornos por esta obra pública desde 2007 en adelante. El juez De Giorgi -a cargo de la investigación de irregularidades en las obras de soterramiento del tren Sarmiento-, a pedido de la Oficina Anticorrupción y del Fiscal Franco Picardi, había solicitado unificar la investigación del pago de sobornos a los jueces Rafecas y Casanello, este último a cargo de la investigación de hechos similares en obras de AYSA.

En el caso de la obra del tren Sarmiento también están involucrados Gustavo Arribas y Angelo Calcaterra

En una resolución, Rafecas decidió mantener en su juzgado el primer tramo de la causa (2004 a 2006), en el cual acaba de ordenar las indagatorias por negociaciones incompatibles, y remitir por conexidad el segundo tramo de la causa (2007 a 2014, en donde se investigan irregularidades en una seria de adendas al contrato original) a su colega Martínez de Giorgi, por el delito de cohecho, en el cual habrían tenido lugar los pagos de sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios públicos argentinos por una cifra global (en los tres contratos: Tren Sarmiento, AYSA y Gasoductos), próxima a los 35 millones de dólares, según reconoció explícitamente la compañía Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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