Cristina quedó al borde del juicio por el direccionamiento de la obra pública

18 de diciembre de 2017

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó enviar a juicio oral a la ex presidenta en la causa por el direccionamiento de la obra pública al empresario Lázaro Báez. En el expediente está acusada de ser "jefa de una asociación ilícita".

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes el envío a juicio oral y público por "asociación ilícita" de la ex presidenta Cristina Kirchner y los demás procesados en la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

El pedido fue hecho ante el juez federal Julián Ercolini ante el cual requirió lo mismo la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, ambas querellantes en la causa, y antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.

Se trata de la causa en la que están procesados e irán a juicio la ex Presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de obras públicas José López, los ex funcionarios Carlos Kirchner, Nelson Periotti, entre otros, y Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles", según dice el dictamen.

Para el fiscal, el circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Y agregó que los fondos "eran destinados al patrimonio de los ex presidentes".

Según estiman en tribunales, varios expedientes que están relacionados terminarían en un mega juicio que reúna todas las causas de corrupción contra Cristina Kirchner.

La ex presidenta está apuntada en causas por lavado de activos, y el delito precedente estaría para la justicia en el expediente de la obra pública.

Según Pollicita, en esta causa se investiga una "operatoria criminal" de la que desde el Gobierno anterior y diversos "organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz". Ello representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de $ 46.000 millones".

Para la fiscalía se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez, quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, según el dictamen.

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