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Una por una, las causas judiciales que debe enfrentar el líder de Camioneros

21 de febrero de 2018

Hugo Moyano es investigado en varias causas sin embargo por el momento en ninguno de los expedientes fue llamado a indagatoria ni se encuentra formalmente imputado.

Hasta el momento en ninguno de los expedientes fue llamado a indagatoria, ni está formalmente imputado, pero el líder de Camioneros Hugo Moyano tiene un frente judicial abierto, que en un futuro podría complicarlo. Hay al menos seis o siete causas en la justicia en las que fue denunciado y que deberán investigarse.

En los tribunales federales de Comodoro Py, el juez Claudio Bonadio tiene una causa por posibles irregularidades en el gerenciamiento de la obra social de Camioneros (Oschoca), a cargo de la actual esposa de Moyano, Liliana Zulet.

Moyano es investigado en al menos 7 causas pero en ninguna fue llamado por el momento a prestar declaración ni se encuentra formalmente imputado

El caso se originó en una investigación que data del año 2010 por cobro de reintegros indebidos por la compra de medicamentos, pero que luego se amplió tras una denuncia de Graciela Ocaña en 2011. La semana pasada, la actual diputada de Cambiemos amplió su presentación en la justicia.

En la causa se investigan supuestos desvíos de dinero de la obra social del sindicato que podrían implicar lavado de dinero.

Ocaña prometió reforzar la denuncia por enriquecimiento ilícito aportando los balances actualizados que según ella demostrarían que los fondos de la Mutual, el gremio y la obra social de los camioneros van a las empresas de su familia.

Por otro lado, y ya fuera del terreno de los tribunales de Retiro, el juez federal de Morón Néstor Barral, evalúa una denuncia de un funcionario de la Municipalidad de Vicente López, sobre la compra de dos propiedades en Parque Leloir.

Ocaña lo denunció por supuestos desvíos de dinero desde la Obra Social del sindicato de Camioneros.

Días atrás trascendió que el juez pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal, una medida de efecto mediático, pero habitual para este tipo de investigaciones.

La semana pasada, Barral ordenó levantar el secreto bancario de Moyano, su mujer, su hijo Pablo Moyano y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Con esta medida, el magistrado busca determinar si el dinero utilizado para comprar las casas provino de la sobrefacturación de las empresas ligadas al dirigente al sindicato de Camioneros.

En tanto, Luis Armella, juez de Quilmes tiene a su cargo la denuncia por presunto lavado que surgió de las declaraciones de los barras Pablo "Bebote" Álvarez y Damián Langaronne, quienes apuntaron contra Hugo y Pablo en sus indagatorias en el expediente que se tramita en el juzgado de lomas de Zamora a cargo del juez Vitale.

En la masiva movilización de este miércoles Moyano denunció que el gobierno de Macri utiliza la justicia para perseguir a trabajadores.

"Bebote" Álvarez y su mano derecha, Langaronne, ambos barras del club Independiente detenidos con prisión preventiva por lavado de dinero, declararon como arrepentidos ante el juez Armella y revelaron la supuesta existencia de un sistema de maniobras sospechosas de las altas esferas del club con los ingresos del equipo de Avellaneda.

El juez Vitale derivó esa denuncia y quedó a cargo de Armella.

También hay otras dos denuncias por supuesta evasión en el fuero Penal Económico, una a cargo de Javier López Biscayart y otra en manos del juez Rafael Caputo.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a principios de año una serie de maniobras supestamente tendientes a garantizar la evasión impositiva y el lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan del año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.

La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran solo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario.

La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Patricio Farcuh, presidente de OCA y Moyano. La AFIP estima por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.

Según fuentes judiciales consultadas, distintos magistrados están certificando las denuncias, determinando que hay en cada una de ellas para evitar superposiciones y para definir si hay conexidad en los expedientes.

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