Botnia: el fracaso económico de Uruguay

29 de noviembre de 2013


Escribe Daniel Rodríguez Paz (*)

Más de 1,2 millones de hectáreas de plantaciones de eucaliptos y pinos para la fabricación de celulosa ya ocupan  casi el 7% de las 17,3 millones de hectáreas que tiene Uruguay y más del 33% del total de 3,57 millones de hectáreas consideradas "suelos de prioridad forestal" por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de ese país. El monocultivo forestal ya superó con creces las 700 mil hectáreas de bosques nativos.

El puntapié inicial lo dio la ley forestal 15.939 sancionada en 1987 y que comenzó a aplicarse desde 1990. Los bosques artificiales –principalmente de monocultivo de eucaliptus- han crecido exponencialmente desde esa fecha, pasando de 40 mil hectáreas originales a las 1,2 millones de hectáreas del año 2012.

El conflicto que se originó entre Argentina y Uruguay ocupó la escena entre ambos países, y ocultó los efectos del modelo productivo adoptado por el Uruguay con sus pros y sus grandes perjuicios para ese país.

Uruguay autorizó la existencia de 12 zonas francas, otorgándoles por ley la máxima libertad que se concibe en este tipo de regímenes. En esas zonas francas se establecieron las Fábricas de Celulosa, entre ellas BOTNIA; en la Zona Franca de Fray Bentos dotada de muelle, desde donde la empresa traslada su producción a la Zona Franca de Nueva Palmira dotada de puerto de aguas más profundas.
El régimen de Zona Franca establece un criterio extraterritorial, libre de impuestos.

Las Zonas Francas exportan o importan desde Uruguay, son extraterritoriales. Esta circunstancia, le otorga importantes ventajas a la inversión extranjera, pero limitados beneficios al país, amén de que esa producción engrosa la contabilidad macro al incorporarse al Producto Bruto Uruguayo.

De hecho de los 8 mil millones de dólares exportados por Uruguay en 2011, 734 mil dólares fue exportación uruguaya a sus Zonas Francas. (Un 9%.)

En el caso específico de Botnia, única empresa de la Zona Franca Fray Bentos, Uruguay le exporta madera y la Zona Franca exporta la Pasta de Celulosa.

De la lectura del cuadro anterior, se verifica el impacto que tuvo en las exportaciones uruguayas la instalación de Botnia luego de 5 años de empezar a producir: Algo más de 200 millones de dólares en exportaciones de maderas en bruto por año. Una demanda de la empresa que probablemente; aunque no puede comprobarse; hubiese encontrado otro destino total o parcialmente de no existir Botnia.

Aparte la empresa ocupa a 300 personas en forma directa, aunque sostiene que en forma indirecta dependen de ella unos 5000 puestos de trabajo incluyendo en ese total a transportistas de la madera, aserraderos, cosechadores, etc. Personal que en buena parte ya se encontraba ocupado en la producción de madera antes de la instalación de la empresa.

De la misma manera que el Uruguay ha exportado por un valor fluctuante por encima de 200 millones de dólares en los tres años considerados a la Zona Franca de Fray Bentos, UPM-BOTNIA ha exportado pasta de celulosa por valores de entre 800 a 930 millones de dólares anuales desde su exclave sin pagar derechos aduaneros ni impuestos internos uruguayos con una libre repatriación de utilidades a su país de origen.

Este esquema se repetirá con la nueva empresa Bosques del Plata cuando empiece a producir en el exclave franco de Punta Pereira.

Dado la abundante literatura sobre los pasivos ambientales generados por el monocultivo de eucaliptus y la producción de pasta de celulosa, no vamos a analizar la ecuación costo-beneficio que para Uruguay tiene este modelo de inversión externa en Zonas Francas. Por otra parte; en el caso de Botnia; ese análisis debiera contemplar el costo que para Uruguay (y también la Argentina) tuvo haber violado el Tratado del río Uruguay, la interrupción de la circulación de mercaderías y personas por el conflicto, los gastos de las presentaciones en Tribunales Internacionales, las dificultades comerciales entre ambos países, etc.

Tal vez, el gobierno uruguayo de entonces hubiese podido intentar alguna defensa de la soberanía nacional más acorde con los postulados políticos e ideológicos que el Frente Amplio decía sostener. Pero en realidad, se comprobó que su política en relación a los aspectos centrales del modelo de acumulación, no tuvo grandes diferencias con los tradicionales partidos Blanco y Colorado.

Uruguay siguió siendo un país sustentado en una amplia apertura económica, con un sector financiero basado en el ingreso de divisas de dudosa procedencia de sus países vecinos. Sus campos recibieron una fuerte inversión de la oligarquía argentina que compró numerosos establecimientos y los prefirió porque Uruguay no cobra retenciones a la exportación, su política impositiva es muy flexible y la repatriación de capitales abierta. La contrapartida de este modelo es la imposibilidad de contener en su seno ni siquiera a una población de 3,3 millones de habitantes que prácticamente no aumentó entre censos.

En 2013 unos 700.000 uruguayos (algo más de 21% de los residentes en Uruguay) viven en el exterior. Entre ellos, unos 300.000 en la Argentina. Entre 2000 y 2006, 120.000 uruguayos  abandonaron el país. A su vez, en 2010 el índice Gini de desigualdad social se mantenía en 0,442, igual que en 1995 y 2005. Las políticas del gobierno socialista no han  logrado una mejora en la distribución del ingreso no obstante sus enunciados a favor de los pobres. Si se había logrado una fuerte disminución en la tasa de desocupación con la salvedad del estancamiento de la población y su expulsión hacia los países vecinos.

En realidad, el modelo de acumulación uruguayo fue siempre funcional a las clases pudientes de la Argentina.

Mientras no tuvieron posibilidad de gobernar su país, los izquierdistas del FA, criticaban al peronismo como una variante más del sistema. Luego de varios años de gobierno del FA en Uruguay se ha comprobado que más allá de una mejora en la política municipal respecto de la derecha, los izquierdistas uruguayos no produjeron ninguna reforma sustancial del modelo capitalista en  su país.

Al fin, en enero de 2007 Estados Unidos y Uruguay firmaron un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés). El acuerdo fijaba el objetivo de "promover un clima propicio de inversiones, expandir y diversificar el comercio bilateral de bienes y servicios". A ese propósito establecía un Consejo sobre Comercio e Inversiones compuesto por miembros de ambos países.

Lo cierto es que, el acercamiento con Estados Unidos produjo un resultado totalmente opuesto al pretendido por el gobierno uruguayo y muy perjudicial para su país.

El TIFA, fue firmado en enero de 2007. Como se aprecia en el cuadro, en los años siguientes las exportaciones uruguayas a Estados Unidos se cayeron y las importaciones casi se duplicaron generando un fuerte saldo negativo para Uruguay. Por otra parte, los principales rubros exportados por Uruguay eran en orden decreciente: carne, cueros y pieles, madera, frutas, queso y requesón y soja.

Los importados de Estados Unidos: Poliacetales y los demás poliéteres, máquinas de cosechar o trillar, máquinas automáticas para tratamientos de datos, teléfonos, topadoras frontales, angulares, traíllas, etc. Es decir una exportación primaria sin valor agregado contra importaciones industriales complejas.
Tampoco el tratado tuvo éxito en cuanto a las inversiones de Estados Unidos en Uruguay; estas no sólo no aumentaron sino que decrecieron e incluso, en el 2010; fueron negativas.

El principal origen de las inversiones extranjeras en Uruguay siguió siendo la Argentina y; desde 2006, estas se incrementaron sustancialmente.  Del conjunto de las Inversiones extranjeras directas  en Uruguay las provenientes del Mercosur llegaron a constituir en 2011 más del 40%, de las cuales, entre un 75 a 80% según los años, provinieron de la Argentina.

(*) Economista