Casación ordenó revertir la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa

27 de abril de 2018

Por mayoría, la Cámara de Casación devolvió el procesamiento bajo la figura de Defraudación al Estado que había impulsado el juez Julián Ercolini. Casación ordenó la inmediata detención.

La Sala I de la Cámara de Casación, por mayoría, hizo lugar al pedido del fiscal Raúl Plee, y ordenó revertir la excarcelación de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y su inmediata detención.

El fallo está firmado por los camaristas Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.

Casación dispuso además volver a la figura de procesamiento que había dispuesto el juez Julián Ercolini por "Defraudación al Estado" en la causa por la deuda del impuesto a los combustibles de Oil y que la Cámara Federal, con la firma de Eduardo Farah y Jorge Ballestero había cambiado a "Apropiación indebida de tributos".

Tambiéne stá imputado en esta causa el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aunque la Casación no requirió su detención por el momento.

Ese cambio de carátula era la que había posibilitado la excarcelación de los dos empresarios y merced de esta marcha atrás es que ahora se requirió otra vez la inmediata detención de ambos.

En su fallo, Casación justificó el pedido de detención por considerar que López y De Sousa podrían entorpecer la investigación o darse a la fuga, dice el fallo de Casación.

Para la Cámara, los imputados mediante una "compleja maniobra defraudatoria" habrían desviado millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado "Grupo Indalo".

En su voto, Hornos consideró que "no se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados como graves hechos de corrupción vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica; por lo cual es responsabilidad del Estado la erradicación de la impunidad en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país".

Resaltó las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

Finalmente, el juez Hornos sostuvo que existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva de los nombrados en orden a la presunción de que éstos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga.

Evaluó en tal sentido la seriedad de la infracción y de la pena que pudiera corresponderles; la gravedad de las imputaciones que se les efectúan en otros procesos; la magnitud de la conducta de los imputados en el marco de los incidentes de las medidas cautelares dictadas en resguardo de los bienes, que evidencian su intención de incumplir con la manda judicial y, de ese modo, obstruir la labor de la justicia; así como los recursos económicos con los que cuentan los empresarios.