La energía es un derecho, las tarifas no

Por: Víctor Bronstein
28 de abril de 2018

Las tarifas o el costo de la energía no es sólo una cuestión de precios, es el punto de conflicto de las lógicas que definen una política energética. Tomando como hipótesis que la energía es la base de la vida y la sociedad y que nuestras sociedades modernas se caracterizan por ser sociedades de alta energía y que, a su vez, la energía consumida es una medida de la calidad de vida de los ciudadanos, debemos reconocer que la cuestión tarifaria no puede reducirse a un Excel o a un cálculo económico del costo de la energía. El gobierno plantea, para justificar los aumentos tarifarios, que hay que pagar la energía por lo que vale, confundiendo así el costo de la energía con el valor de la energía. El valor de la energía está dado por el hecho de que es un derecho social, no por su costo.

Por eso, la electricidad y el gas se definen como un servicio público y el Estado es el responsable del servicio y de establecer las tarifas. En nuestro país, a partir de las reformas de la década de los '90, es un servicio público de gestión privada y por eso la definición de las tarifas genera tensiones inevitables entre las empresas prestadoras de los servicios y los usuarios.

Es en esta tensión donde el Estado debe establecer los criterios para una política energética que contemple distintos criterios. Uno de ellos, propio de la lógica individualista neoliberal, es definir que se pague por la energía lo que cuesta. Otro, más inclusivo, es entender que la energía es un derecho y todos los ciudadanos tienen que tener acceso a la energía y el Estado debe definir una política para alcanzar este objetivo.

Es en este punto, donde el gobierno tiene un planteo equivocado al poner el énfasis sobre los costos y negar los subsidios como si fuera un principio moral. Europa y EE.UU. han desarrollado políticas energéticas en base a subsidios, porque la energía es la base para políticas de desarrollo y el bienestar de la población. Una política energética no puede definirse sólo a partir del impacto fiscal. Es más, en el mundo desarrollado que el gobierno toma como ejemplo, la política energética se sustenta en dos pilares:

- Seguridad energética. Si la energía es imprescindible, un país no se puede quedarse sin energía.

- Accesibilidad. Si la energía es un derecho, todos los ciudadanos tiene que poder acceder a la energía.

La estructura del sector energético heredada de los '90 tiene dificultades para cumplir con estos dos objetivos. Es muy débil una seguridad energética sustentada en las decisiones empresariales y sin una planificación por parte del Estado. No alcanza con un Estado regulador.

En EE.UU, por ejemplo, la política energética depende del Departamento de Seguridad. Por otra parte, vemos en la discusión tarifaria, que esta estructura de gestión privada no consigue un costo aceptable de la energía que pueda ser pagado por toda la población. Es en este punto donde el Estado debe definir una política energética y repensar la estructura del sector teniendo en cuenta que la energía es un derecho, pero que las tarifas deben adecuarse a las posibilidades de la población y al desarrollo del país.

* Víctor Bronstein es Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad