Denuncian que echaron a un defensor de indígenas por las críticas de un obispo a Macri

Política

Rodrigo Solá, abogado especialista en derecho indígena, inició un juicio contra el Estado por "despido arbitrario" y relaciona su salida a los cuestionamientos que el ex obispo de Humahuaca le hizo al Presidente.

El viaje de Mauricio Macri a Humahuaca el 2 de febrero no pasó inadvertido. En plena misa, el ex obispo Pedro Olmedo le dio la bendición al Presidente y le pidió que "deje de gobernar para los ricos". También estaba presente el gobernador radical Gerardo Morales.

Mientras esto sucedía en la iglesia, afuera parecían moverse otras fichas. "Empecé el juicio para replantear mi reincorporación por despido arbitrario y discriminatorio y la continuidad de la obra social por el embarazo de mi esposa. El despido fue político", sostuvo en diálogo con minutouno.com Rodrigo Solá, abogado especialista en Derechos Humanos e Indígenas.

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"Se rompió el acuerdo político"

En agosto de 2014, Solá fue designado como abogado interventor de un convenio marco de cooperación entre la Oficina de Derechos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Prelatura de Humahuaca. De ahí la conexión entre la Iglesia local, él y el Gobierno.

En una zona que está en alerta por la posible explotación de litio en territorio indígena y las políticas del Gobierno a favor de la megaminería, la tarea de Solá no era menor.

Allí, el abogado es una presencia de peso para las comunidades que pelean por la autodeterminación y el territorio. Por ejemplo, asistió a las comunidades para la creación del convenio 169 de la OIT. En carácter de ley, esta herramienta dispuso que en las Salinas debe haber un acuerdo previo con las comunidades para la entrada de las multinaciones.

El 28 de febrero, sin embargo, Solá se quedó sin su puesto y los indígenas con poca protección.

"A mí me dijeron que me desvinculaban por cuestiones presupuestarias, pero el subsecretario general a cargo de la Defensoría, Juan José Böckel (N. de la R: hace nueve años que no se designa un Defensor del Pueblo) les planteó en off the record a los delegados de ATE que en realidad se había roto el acuerdo político con el obispo de Humahuaca. Como eso se produjo unas semanas después de la vista de Macri lo vinculamos con ese momento", comentó.

Böckel, por su parte, aseguró que no fue un despido sino que no se le renovó el contrato, ya que no cumplía con sus tareas. Solá aportará pruebas de la relación de dependencia.

Respecto a Olmedo, el abogado reveló que el obispo le dijo que "él nunca estuvo notificado ni enterado de que había un acuerdo político ni que se había roto ese acuerdo. Sí lo que existía era ese convenio". Luego agregó: "El único hecho político reciente habían sido las palabras del Obispo a Gerardo Morales y Macri".

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El gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

Apoyo de organizaciones sociales

A través de su página web, Greenpeace publicó un comunicado pidiendo que se "reactive la Oficina de Derechos de los Pueblos Indígenas y se reincorpore al Dr. Rodrigo Solá".

La carta fue firmada por 45 instituciones, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, el Foro Salteño por la Tierra y organizaciones indígenas y campesinas.

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Pu Lof mapuche de Resistencia Cushamen<strong> </strong>. Foto: antiagomaldonado.com
Pu Lof mapuche de Resistencia Cushamen . Foto: antiagomaldonado.com

Su vínculo con el caso Maldonado

Más allá de su situación personal, Solá quiere que el área vuelva a ponerse en funcionamiento. "Hay una decisión de la Defensoría de no privilegiar o no tratar las cuestiones indígenas. Mi despido es un punto más en todo este camino de vaciamiento de la Oficina”, analizó.

El abogado, por ejemplo, contó que quiso intervenir en el conflicto de tierras -aún latente- en Pu Lof de Resistencia Cushamen antes de la muerte de Santiago Maldonado.

"Yo pedí intervenciones en el conflicto antes de que se produzca la desaparición de Santiago Maldonado y no se me habilitó. En enero de 2017 ya habían producido las primeras represiones que hacían prever que el conflicto iba a escalar", alertó.

Agradecimientos: Julieta Lucero, periodista especializada en medio ambiente.

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