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Liberaron a 8 de los 16 metrodelegados detenidos

22 de mayo de 2018

Los trabajadores fueron acusados de atentado, resistencia a la autoridad y de entorpecer el normal funcionamiento de un servicio público.

La fiscalía porteña dispuso este martes la detención de 16 miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) por impedir el normal funcionamiento de la línea H del servicio de transporte. Pasadas las 18, ocho de los detenidos fueron liberados, informó C5N.

Tres fiscalías intervienen en los hechos en los que también está imputado y detenido el líder de los metrodelegados Néstor Segovia.

En tanto, en los tribunales de Comodoro Py del barrio de Retiro, la empresa Metrovías interpuso una denuncia penal por entorpecimiento de servicios públicos que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

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Fuentes judiciales informaron que los detenidos por las fiscalías porteñas fueron indagados por atentado y resistencia a la autoridad y por entorpecer el normal funcionamiento del transporte público, figuras que admiten el beneficio de la excarcelación.

Luego de ser indagados, ocho de los detenidos recuperaron la libertad ya que la Justicia consideró que tienen arraigo en la ciudad de Buenos Aires, y no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Siete detenidos en la estación Caseros están a disposición de la fiscal penal contravencional porteña Celsa Ramirez, ocho detenidos en la estación Las Heras a disposición de la fiscal Daniela Dupuy y un detenido en la estación Once que será interrogado por el fiscal Juan Rozas.

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Los sindicalistas ya anticiparon que hasta que no liberen a todos los compañeros detenidos no levantarán el paro de subte.

En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 26 de noviembre de 2015, firmada por el entonces ministro Carlos Tomada, por la cual se le había otorgado la personería gremial a la AGTSyP, más conocidos como "metrodelegados”.

Por entorpecer el normla funcionamiento del transporte público a los acusados les puede caber de tres meses a dos años de prisión. Mientras que los delitos de atentado y resistencia contra la autoridad son penados con entre un mes y un año de prisión .

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